Habitantes de la zona de Texmelucan harán un exhorto al gobernador Rafael Moreno Valle para que solicite al Congreso del estado se derogue dicha modificación de ley que modifica la fracción IV del artículo 31, adiciona la fracción IX a este artículo y el numeral 118 bis de la Ley de Agua en el Estado de Puebla, con el cual se establece la base legal para privatizar el agua potable en el estado.

Durante una reunión en San Francisco Tepeyeca, junta auxiliar de San Martín Texmelucan, representantes de diversas comunidades, asesorados por la diputada federal Roxana Luna Porquillo, cuestionaron la iniciativa para privatizar los organismos operadores de los sistemas de agua potable y anunciaron que promoverán por parte de los ayuntamientos las controversias constitucionales, los amparos por parte de los usuarios, así como preparar movilizaciones en todo el estado.

Los representantes del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios de la Sierra Nevada de Texmelucan anunciaron que se defenderá el agua, que es propiedad de los ciudadanos.

Los abogados de los campesinos explicaron que en estos momentos se encuentran en la campaña de orientación a los ayuntamientos para que una vez que se publique el decreto pueda interponerse la controversia constitucional, además de preparar la argumentación legal para que los ciudadanos recurran al amparo de la justicia federal, una vez que les llegue el primer recibo por parte de un organismo privado que no tiene facultades legales para hacerlo.

Silvano González Abad, así como Abraham Cordero Calderón, durante la asamblea indicaron que las movilizaciones serán la tercera vía una vez que el gobierno de Rafael Moreno Valle se niegue a aceptar que está violando la constitución.

Reconocieron que buscarán una entrevista con los diputados del Partido Revolucionario Institucional para formar un frente común y con la ley en la mano hacer que se dé marcha atrás a la “reforma inconstitucional”.

Advirtieron que hay inconsistencias en la propuesta, ya que se trata de privatizar un recurso que debe manejar el estado para satisfacer la demanda de los ciudadanos.

Recordó que desde hace un mes planteó que la Constitución en el artículo cuarto es clara en lo referente a la prestación del servicio de agua potable, como lo señala el siguiente texto: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generara responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

La diputada federal que el órgano legislativo ya no establecerá las tarifas, éstas quedarán de acuerdo a los organismos operadores conforme a la adición al artículo 118 bis:

“Los prestadores de servicios que tengan a su cargo, en dos o más municipios, la prestación parcial o integran de Servicio Públicos en virtud de convenios de coordinación a que se refiere las fracciones IV y V del artículo 23, de los derechos, productos y contribuciones de mejoras previstas en la Ley, y otros conceptos de ingresos por la prestación de los Servicios Públicos, sin requerir la aprobación del Congreso”.

Los demandantes insistieron en que “es una acción para privatizar el servicio, pero sobre todo no hay una rectoría del Estado, como lo marca la propia Constitución Federal”.