Esta semana el Congreso vivió de nueva cuenta una prueba de fuego: ante la disyuntiva de llamar a comparecer al comisionado de la CAIP Federico González Magaña, o no llamarlo a comparecer, el Congreso postergó su decisión, lo que en la práctica se traduce que la “congeló”.

La petición del nodo de transparencia de Actívate por Puebla para que el comisionado de la CAIP Federico González Magaña explicará a los legisladores por qué había decidido que no se hicieran públicas los helicópteros Agusta del gobierno de Puebla adquiridos con recursos públicos.

Agrupaciones a nivel nacional como el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate se han sumado a la demanda del nodo de transparencia para que el comisionado de la CAIP acuda al Congreso y explique su negativa para que la Secretaría de Finanzas haga públicas las facturas de las aeronaves gubernamentales.

El Colectivo por la Transparencia agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil que velan por el derecho a la información de los ciudadanos en todo el país. El Colectivo por la Transparencia surgió a finales del año 2004 como un espacio de reflexión y acción integrado por seis organizaciones de la sociedad civil. A la fecha lo conforman: Alianza Cívica, Article19, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Ciudadanos en Medios, Democracia e Información, Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra); Cultura Ecológica, Deca-Equipo Pueblo, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Gente Diversa-Baja California; Gesoc, Gestión Social y Cooperación; Iniciativa Sinaloa, Centro Ciudadano de Investigación; ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, Presencia Ciudadana Mexicana y Sonora Ciudadana.

Desde sus agendas y posicionamientos, estas organizaciones desarrollan acciones en materia de transparencia y derecho de acceso a la información.

Otros grupos como México Infórmate también han señalado el caso de la opacidad y la falta de transparencia en Puebla. México Infórmate es una iniciativa que busca dar a los ciudadanos herramientas para poner al gobierno bajo la lupa: para que fiscalicen el uso de recursos públicos y la forma en que las autoridades toman las decisiones que a todos afectan. Tomando como eje el derecho a saber, el proyecto pretende fomentar el uso de las leyes de acceso a la información pública en el país y motivar a los medios de comunicación para que desafíen la impunidad exhibiendo casos de corrupción.

***
El pasado jueves durante su sesión, los diputados “congelaron” la comparecencia del comisionado de la CAIP Federico González Magaña, a pesar de que la diputada Fernanda Huerta, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso, avaló la solicitud y pidió que acelerara el trámite.

Solamente los diputados Rafael von Raesfeld, Salomón Escorza, Gerardo Mejía y Ana María Jiménez respaldaron la propuesta para que González Magaña comparezca a la brevedad.

Es facultad del pleno, resaltó la diputada Huerta, exigir la comparecencia de funcionarios gubernamentales y servidores públicos.

La legisladora del PAN y presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso señaló que la diputada María Fernanda Huerta López reprendió la ausencia de transparencia de la CAIP que, luego de un recurso de revisión, negó el acceso a las facturas de los helicópteros Agusta, los cuales son bienes públicos.

El control legislativo tiene como facultades analizar, registrar, examinar la actividad de los poderes públicos y traer aparejada una sanción, uno de los mecanismos es la comparecencia de cualquier funcionario público, adujo Huerta López.

La legisladora argumentó que “el trámite para ejercer la facultad debe seguir ante el pleno de este Congreso del estado para citar a un comisionado de algún órgano autónomo. Así como cualquier otro servidor público que dependa de ellos. La Comisión de Transparencia no tiene competencia para citar a comparecer a un titular de un órgano de esa naturaleza. Es necesario aclarar que el control legislativo no tiene relación alguna con las facultades jurisdiccionales de los órganos competentes, a través de la comparecencia busca que el funcionario público explica su actuar. En su caso, en forma política las consideraciones que lo llevaron a emitir su votación”.

La Comisión para el Acceso tiene la obligación de respetar el derecho fundamental a la información. Sin juzgar las motivaciones de la CAIP, consideró la diputada que “existen dos motivos para compartir la preocupación del nodo de transparencia de Actívate por Puebla”. La información sobre las aeronaves fue hecha pública a través de un boletín el pasado 8 de junio del 2012. “Razón suficiente para que la información anterior adquiere el carácter de pública”.

Huerta afirmó que se debió realizar una versión pública de los documentos y propuso al Congreso citar a comparecer al Comisionado de la CAIP Federico González para que proporcione información. Además, Huerta pidió la dispensa del trámite correspondiente por ser un asunto de urgente y obvia resolución.

**
Ese mismo jueves, al término de la sesión, la especialista en transparencia Lilia Vélez Iglesias criticó las argucias parlamentarias del Congreso para frenar la comparecencia del comisionado de la CAIP para explicar por qué reservó las facturas de los helicópteros del gobierno estatal: “La ley le faculta al pleno del Congreso llamar a comparecer a funcionarios o a personas que trabajan en los organismos autónomos. Dado que los comisionados son electos por el Congreso consideramos que como ciudadanos es el Congreso el mecanismo idóneo para rendir cuentas alguien que creemos combate en el análisis de las resoluciones que ha tenido en especial, la resolución sobre los helicópteros que no está cumpliendo con las atribuciones para las cuáles fue electo por las cuáles cobra un sueldo que se paga del erario”.

La especialista en transparencia lamentó que el Congreso pospusiera la comparencia de Federico González Magaña: “Creo que es una respuesta que no tuviera que tener un gran análisis no estamos hablando de una iniciativa, no estamos hablando de algo que puede o no el Congreso llamar a comparecer al comisionado, creemos que es una táctica dilatoria ya que no se votaron en este momento, a pesar de que los argumentos que presentó la diputada Fernanda Huerta son muy claros y creo que están apegados a derecho”.

La presidenta de la Amedi desconfía que al abordarse el tema de la comparecencia de Federico González Magaña se pueda aprobar que acuda al órgano legislativo: “Lo que creemos es que se podrá discutir en la comisión pero probablemente se vote y se mayoritee y se diga que no se llame a comparecer. Pero vamos a ver qué actuación tiene la propia comisión hay que destacar que es la diputada Huerta la que encabeza esta comisión y dado la postura que en el pleno estableció pues creemos que ella pugnará porque se llame a comparecer.

Creemos que sería un ejercicio del propio Congreso muy importante que daría un paso adelante en términos de rendición de cuentas, si se hiciera esta comparencia vamos a ver si en Puebla hay voluntad política para que avancemos en este tema”.

Vélez Iglesias afirmó que es responsabilidad del Congreso citar a comparecer a cualquier funcionario que incumpla con el puesto para el que fue designado como sucede con Federico González Magaña, máxime cuando el comisionado fue nombrado por los diputados de la actual Legislatura:

“Si revisamos el artículo 223 de la Ley Orgánica del Congreso, ahí se establece que el pleno puede llamar a comparecer a los titulares de las dependencias y de los organismos autónomos. La facultad es clarísima y está en la ley orgánica.”

Vélez Iglesias señaló que la diputada del PAN Josefina Buxadé al afirmar que las resoluciones de la CAIP son inatacables está generando una distracción sobre el tema que es la comparecencia de González Magaña:

“Nos parece un distractor. El nodo de transparencia no está diciendo que el Congreso deba o pueda revocar la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información. Nosotros, estamos de acuerdo en que las resoluciones de la comisión son para el sujeto obligado inatacables y definitivas. No así para el solicitante. El solicitante todavía puede interponer un amparo si está en desacuerdo con la resolución. Lo que nosotros hemos pedido al Congreso, porque nos parece que es un asunto para confundir, es que lo que recambia el sentido de la resolución, esa resolución está ahí, y a menos que haya un amparo que se interponga y que este amparo llegara a otorgarse al solicitante cambiaría la resolución nosotros no queremos que cambie la resolución queremos que llamen a Federico y que Federico de manera pública explique en términos de las atribuciones que tiene por la propia Constitución y las atribuciones que le da la ley de transparencia su actuación tan cuestionable como comisionado de la CAIP”.