Al asegurar que en el estado de Puebla y en el resto del país se ha legalizado la corrupción, el jurista Ernesto Villanueva Villanueva dijo que los ciudadanos de México se benefician con todos los recursos públicos posibles, por ejemplo, exigen que les paguen los gastos de representación, gasolina, llamadas de teléfonos celulares y hasta la alimentación, situación que no se encuentra en países europeos, que tienen alto compromiso social y responsabilidad en el servicio público.
Para actos como esos, reveló el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), en el país no existen sanciones, por lo que son acciones que se observan en la vida cotidiana, “o las sanciones son mínimas”, por lo que ratificó que en el territorio nacional permanentemente se generan incentivos efectivos para robar y para matar.
En el marco de las jornadas científicas “Transparencia y Corrupción”, que organiza el Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), el académico mexicano aseguró que, ante los excesos de los funcionarios públicos en los diferentes órdenes de gobierno, solamente existen sanciones económicas bajas, pero de ninguna manera hay sanciones penales, por lo que los administradores en el servicio público abusan del uso de los recursos que aportan los ciudadanos.
En la sociedad mexicana, apuntó Villanueva Villanueva, siempre prevalece la presunción de la corrupción, por lo que resulta un ataque directo a la soberanía del Estado mexicano y de las entidades federativas que conforman el pacto nacional, aunque reconoció que México tiene algunos avances en rubros muy concretos, sin embargo, todavía prevalece la cultura de la corrupción.
En su ponencia “Transparencia y corrupción en México”, el jurista de la máxima casa de estudios del país recordó que el derecho a la información es una lucha de varias décadas en México, que ahora mismo está aprobado como un derecho administrativo. “¿Por qué es importante el acceso a la información?, se preguntó el catedrático, y se responde: “Porque el Estado mexicano tiene datos que pertenecen a la sociedad”.
Desde su perspectiva, si todo es oscuro, existen mayores márgenes de llevar a cabo ilícitos, por lo que afirmó que todos los ciudadanos tienen derecho de enterarse, porque los funcionarios públicos “tratan nuestros asuntos, están a nuestro servicio y porque pagamos impuestos directos o indirectos”. Asimismo, dijo que en México no hay retroalimentación del Estado para informar de los ingresos: “En México nadie quiere pagar impuestos porque saben que no son bien aplicados”.
Sobre el ejercicio del gasto público, aseguró el investigador de la UNAM, no existe información adecuada, por eso concluyó que el problema se centra en la generación de educación y de conocimiento, porque en los países europeos se forma a los ciudadanos con la cultura de la información: “Y aquí hay tolerancia a la corrupción, que justifican con gastos de representación”.
