Tal cual como sucede en el vecino estado de Morelos, el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) y otras organizaciones sociales solicitaron que en Puebla se aplique la desaparición de Poderes.

En rueda de prensa, integrantes del organismo social señalaron que los motivos son muchos para hacer tal solicitud, por la forma de trabajar del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, quien inclusive está controlando hasta los sindicatos.

Ricardo Jiménez, integrante del MAS, señaló que en primer lugar está el problema de la inseguridad, “pues tan sólo la semana pasada ocurrieron cinco ejecuciones vinculadas con algún ajuste de cuentas", dijo.

Señaló que después seguiría la falta de representatividad de los diputados locales, toda vez que aprobaron las reformas a las leyes de agua y expropiaciones.

Además, siguió enlistando: “El autoritarismo con el que actúa el gobernador Rafael Moreno Valle desoyendo la voluntad de los poblanos, como es el caso del distribuidor vial de Cholula”.

Comentó que de acuerdo a la fracción 5 del artículo 76 constitucional es facultad exclusiva del Senado la desaparición de Poderes y se aplica en diversos casos.

Señaló que uno de ellos es el incumplimiento por parte de los estados a los deberes que les impone la Federación, violaciones a la Constitución federal, invasión de las competencias federales y violación de las garantías individuales.

“En México se tienen registrados 19 casos donde se llevó a cabo la desaparición de Poderes, uno de ellos en Puebla.

”Se tiene el precedente de que en Durango, en el año de 1966, se validó la medida por la ruptura del vínculo entre gobierno y gobernados, como pasa actualmente en la entidad”, afirmó.

Indicó que mientras que en otros estados se procedió por violaciones a los derechos humanos, tal cual sería la concesión del servicio de agua potable y la expropiación a favor de las empresas.

“Así como los morelenses exigen la renuncia del gobernador Graco Ramírez y la desaparición de Poderes en el estado por la inseguridad, las organizaciones sociales poblanas exigimos algo similar ante el aumento de los homicidios en la entidad”.

Recordó el hallazgo de un hombre y una mujer ejecutados el miércoles pasado en Tlapanalan, el asesinato de un abogado en una gasolinera de San Francisco Totimehuacán el martes de la semana pasada y el hallazgo de dos jóvenes ultimados en la misma comunidad, pero este viernes.

“Los secuestros también irían a la alza, en menos de dos semanas fue raptado un menor de edad por su niñera cuando lo llevaba a un centro de rehabilitación y el viernes pasado un hombre logró huir de sus captores en el municipio de Huejotzingo”, insistió.

Por su parte, Marco Mazatle señaló que a los hechos violentos se suman las leyes aprobadas en esta administración que contravendrían las garantías individuales.

“La Ley de Agua del Estado de Puebla es una muestra de ello al permitir la concesión del servicio, exponiendo a los ciudadanos a cortes de agua, lo cual supondría una violación el artículo 1 constitucional”.

Además —dijo— con el incremento a las tarifas de agua de 50 a 400 por ciento, sólo se incrementará la pobreza, ya que muchas personas tendrán que ocupar más de sus limitados recursos para pagar el servicio.

Otro ejemplo, señaló, es la ley de expropiación, donde se permitirán al gobierno estatal incautar bienes inmuebles o predios bajo el argumento de la “inmediatez y urgencia”, sin que la autoridad notifique previamente por escrito a los afectados de tal acción.

“Será a través del Periódico Oficial del Estado y no por escrito, como se realizaba anteriormente, que los ciudadanos conozcan si resultan afectados por alguna expropiación”, insistió.

Además, añadió, los poblanos tendrán un plazo de ocho días hábiles para interponer un recurso administrativo que permita que el gobierno no tome posesión de sus bienes. Sin embargo, si los afectados optan por interponer un procedimiento jurídico, no se obligará al gobierno del estado a abandonar o suspender la obras que se desarrollen en los bienes expropiados.

“De igual forma, si el inmueble que quieren recuperar registra mejoras que incrementen su valor, éstas deberán ser pagadas por el expropiado antes de que se ejecute la reversión, y según la cuantificación que realice el gobierno estatal en materia de catastro.
”Un punto que nos pone en alerta es que la expropiación se puede aplicar casi bajo cualquier argumento, sobre todo favoreciendo la construcción de vialidades, la prestación de servicios, o ampliación de áreas públicas.

”El aprovechamiento de las aguas nacionales asignadas al estado o a los ayuntamientos y ‘la creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio social’, así como la ampliación o creación de centros de población, como son fraccionamientos”.

Mencionó que el descontento social con la actual administración morenovallista también se debe a la imposición de proyectos como el distribuidor vial de Cholula, el cual además sería totalmente ilegal porque no cuenta con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“En el INAH sólo se otorgó un permiso para estudios preliminares, y tiene varios amparos en contra por parte de organizaciones como Pueblo Mágico Sin Tráfico”.

Sin embargo, señaló, como sucedió con el teleférico, la falta de aval del INAH y los procesos jurídicos en contra no han frenado las obras del gobierno estatal, con lo cual se estaría incurriendo en una desobediencia a la Federación y en violaciones a la ley.

“Consideramos que existen elementos suficientes para solicitar la desaparición de Poderes en Puebla, debido a que el gobernador Rafael Moreno Valle ha violado la Constitución mexicana con su reforma a la Ley del Agua.

”Ha desobedecido al Gobierno Federal, no ha frenando las obras del distribuidor de Cholula, también ha invadido la competencia del Ejecutivo federal al concesionar un recurso como es el agua y, sobre todo, ha violado los derechos de sus gobernados de manera continua”, insistió.

Finalmente, solicitaron a todas las organizaciones civiles y sociales, así como a los ciudadanos en general, que se unan a la movilización para que se declaren nulos los poderes en el estado y se convoquen a elecciones lo más pronto posible.