El gobierno de Puebla fue calificado, por tercer año consecutivo, “campeón de la opacidad” por los organismos especialistas en transparencia: Articulo 19 y Fundar, en un estudio presentado en la ciudad de México. El gobierno de Puebla se encuentra entre los 15 estados que no cambia sus resultados entre 2011 y 2013.
“(…) con una preocupación particular por la opacidad en Coahuila, Guerrero, Puebla y Tamaulipas; entidades que durante las tres ediciones de este ejercicio han obtenido cero estrellas”, señala el comunicado de Article 19.
De este modo, la administración estatal fue reprobada nuevamente por dichos organismos no gubernamentales de reconocimiento internacional, luego de que se realizó un ejercicio en las 32 entidades federativas del país.
Intolerancia Diario ha revelado constantemente las prácticas de opacidad de las distintas dependencias gubernamentales, al grado de ganar dos amparos con jueces federales —uno de ellos aún en proceso de revisión—, además de diversas artimañas legales.
Este martes, Article 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, constataron algo de la opacidad en Puebla al presentar el estudio en la capital del país, en el cual se hicieron sendas solicitudes de información sobre gastos en publicidad de cada entidad.
La estrategia del gobierno de Puebla para no entregar la información que le fue aplicada sin saber a Artículo 19 y Fundar, fue la de cambiar modalidad de entrega para obligar al solicitante a presentarse físicamente en las oficinas de las dependencias, lo que es común en la actual administración.
Las solicitudes
Los organismos hicieron solicitudes de información pidiendo en primera instancia documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Asimismo, los documentos que contuvieran el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio, televisión, internet, prensa, etcétera).
Además, nombres de los medios de comunicación (locales, nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
De acuerdo con esto, el índice sólo mide las condiciones de acceso a la información con las que se ejecuta el gasto público en publicidad oficial, con cinco variables que permiten evaluar la calidad de las primeras respuestas, comparar entidades federativas y describir las diferencias temporales entre las distintas ediciones del índice.
Para ser calificada cada entidad, se pondría de una estrella a cinco por cuestionamientos respondido, pero el gobierno poblano no respondió satisfactoriamente, sacando cero estrellas por tercer año consecutivo.
“¿Cuándo? El año del pago (y el mes en ciertos casos). ¿Cuánto? El monto destinado a publicidad oficial. ¿En qué medio? La distribución del gasto en los distintos medios de comunicación. ¿A quién? Los proveedores y responsables de publicar la campaña o la comunicación correspondiente (medios y razón social) que reciben el presupuesto de publicidad oficial. ¿En qué? y ¿Para qué? El destino y el uso que se le dio al presupuesto (el concepto y las campañas)”, fueron las preguntas de las que se buscaron respuestas.
El gobierno de Puebla se encuentra entre los 15 estados que no cambian sus resultados entre 2011 y 2013.
“(…) con una preocupación particular por la opacidad en Coahuila, Guerrero, Puebla y Tamaulipas; entidades que durante las tres ediciones de este ejercicio han obtenido cero estrellas”, señaló el comunicado de Article 19.
A diferencia de Puebla, 14 estados aumentaron su puntuación entre 2011 y 2013, como Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí, que pasaron de cero estrellas en 2011 a tres y cuatro en 2013.
Debido a la falta de información del gobierno de Puebla, ya no entró al análisis que hicieron los organismos de los gastos que se han hecho en materia de publicidad gubernamental, lo que se mantiene detrás de una cortina.
Solamente 19 entidades entregaron información sobre el detalle del gasto, y en muchos de estos casos el monto es inconsistente con aquel que se reportó como total ejercido.
El “Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial” tiene como objetivo evaluar la transparencia y el cumplimiento del mandato constitucional para los gastos en publicidad oficial.
“El ejercicio de los recursos públicos es información pública y debe ser accesible y encontrarse a disposición del ciudadano; sin embargo, la opacidad en torno a la asignación de publicidad oficial favorece la sospecha de favoritismo político.
”De acuerdo con Fundar y Article 19, la ausencia de escrutinio público alienta un uso equivocado de estos recursos en lugar de fomentar una verdadera rendición de cuentas.
”El uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial sigue profundamente arraigado en las prácticas gubernamentales.
”Se distribuye principalmente conforme a criterios políticos e intereses privados y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios; una práctica definida como censura sutil o indirecta”.
Tres años de opacidad
Hace un año, en 2013 en un análisis especial que se hizo a la transparencia en Puebla, señaló que la alternancia en el poder vino acompañada de un rediseño del paisaje mediático, que afectó sobre todo a la prensa escrita y digital.
“Un ‘reacomodo’ que se logra a través de la asignación arbitraria de la pauta publicitaria.
”A la llegada del nuevo gobernador, se planteó la necesidad de criterios objetivos y transparentes para la asignación de la pauta, sin embargo, esto solamente fue parte del discurso inicial del Secretario de Comunicación Social, que después quedó en el olvido.
”A pesar de las buenas intenciones del nuevo gobierno, lo único que cambió fueron los mecanismos para ejercer presión en contra de los medios, como lo señaló un periodistas entrevistado”, señala.
En esa entrevista, el comunicador —de quien se omite el nombre— señaló que son mecanismos diferentes. “Mario Marín, a través del dinero; y el nuevo gobierno, a través de presiones fuertes como llamadas o pedir que corran a algún periodista.
”Desde antaño, los medios poblanos han dependido del gobierno, del total de los ingresos que reciben un 80-90 por ciento proviene de los recursos públicos, situación que los pone a merced de los cambios políticos”, sigue la ONG.
“Así, a la llegada de Moreno Valle la prensa se vio severamente afectada en sus finanzas por un recorte presupuestal importante en materia de publicidad oficial; algunos periódicos tuvieron que despedir a sus periodistas o recortar sus efectivos”.
Y nombra casos como La Jornada del Oriente, donde hubo recortes presupuestales y despidos, así como el periódico El Heraldo de Puebla, que pasó de recibir más de 12 millones de pesos en 2008 a no recibir nada con el cambio de gobernador, en 2011.
“Además, son pocos los anunciantes privados y existen prácticas gubernamentales que afectan de manera importante la relación entre los medios y este sector; existen casos en que el mismo gobierno le solicita al anunciante privado no comprar la publicidad a un medio que es crítico”, sigue el estudio.
“Hasta el 2012, y después de un golpe mediático en contra del gobierno del estado de Puebla, éste puso a disponibilidad de la ciudadanía la información sobre los contratos firmados por concepto de publicidad oficial, pero al momento de ejercer el derecho a la información no entregaron nada”, sigue Fundar.
“Todo esto pone énfasis en la ramificación de las malas prácticas ejercidas en la asignación de publicidad oficial tanto por el poder ejecutivo como por otros poderes y órganos autónomos, e insta a la necesidad de una regulación sobre los recursos designados a publicidad oficial, el criterio con el que se asignan dichos recursos y la transparencia de su ejercicio.
”En este sentido, ha habido un intento de regulación por parte de un diputado panista quien presentó en el último período de sesiones de 2012 una iniciativa de ley. Sin embargo, ésta no ha sido discutida dentro de la Asamblea debido a la falta de actores interesados”, termina el estudio de hace un año.
