El Congreso de Puebla carece de una agenda legislativa, sin embargo, en su primer período ordinario de sesiones y en las reuniones extraordinarias ha aprobado las reformas que requiere la administración morenovallista.
Además, el Poder Legislativo ha aprobado diversas iniciativas sin una discusión a fondo aprobando leyes en fast track que derivan en impugnaciones ante los tribunales.
Investigadores como el doctor en Desarrollo Económico Herón García han planteado que el funcionamiento del Poder Legislativo obedece a una dinámica de control del Poder Ejecutivo más que a una función de contrapeso:
“Una estrategia de control político desde arriba desde los operadores políticos. Ellos obedecen órdenes que vienen desde la oficina jurídica del gobernador. Pasan por los principales operadores, se palomenan.
”Hay una orden hacia el Congreso. El congreso no es otra cosa que una oficina de trámites donde se palomean las leyes afines al gobernador. Se siguen aprobando leyes redactadas desde la oficina del gobernador, beneficiosas a su proyecto, aprueban leyes que han sido redactadas. Y no hay una orden de que esa ley le interesa a cierto grupo y entonces se palomea y se aprueba sin la mayor discusión”.
En el mismo sentido, por separado, el economista Alejandro Chávez Palma señala que el Congreso realiza su trabajo de manera discrecional.
Tal y como ha sucedido cuando dictamina y revisa las cuentas públicas de los órdenes de gobierno estatal y municipal.
“Los representantes populares carecen de información y solamente aprueban sin una revisión clara las cuentas públicas de municipios y del gobierno estatal, lo que a la larga genera un daño en las finanzas públicas”, señala el economista Alejandro Chávez Palma.
Chávez Palma considera que los legisladores no están cumpliendo su papel porque sólo se dedican a aprobar los dictámenes de revisión sin un análisis, una discusión, y cuando se trata de los temas presupuestales, simplemente aceptan lo que los funcionarios de Finanzas les dicen.
En medio de la crisis legislativa
El Congreso local dejó de ser el escenario donde los diputados del PRI y el PAN se jactaban de llegar a acuerdos políticos y se cuidaban con un trato de terciopelo.
De la diplomacia legislativa de los primeros días de la actual Legislatura pasaron al trato áspero y al reclamo público
La más reciente desavenencia entre los diputados se dio por la disputa sobre las modificaciones de ley en torno al tema de las juntas auxiliares.
Todavía la semana pasada el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Manuel Giorgana, del grupo opositor del PRI, sufrió los embates de los legisladores morenovallistas por exhibir el yerro jurídico de la convocatoria de las juntas auxiliares.
La semana pasada los diputados morenovallistas amagaron políticamente al presidente en turno de la junta.
El primero en criticar a Giorgana fue Jorge Aguilar Chedraui.
Lo siguieron en el mismo tono y replicando los argumentos de Chedraui los diputados del PSI y del PRD, aliados del coordinador panista, Jorge Aguilar Chedraui.
Chedraui se lanzó en contra del presidente de la Junta de Gobierno, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, a quien acusó por asumir posturas de dirigente partidista y no de presidente de la Junta de Gobierno.
Aguilar Chedraui criticó que los diputados del PRI primero votaron a favor la modificación a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral y ahora critican la modificación y revisan la inconstitucionalidad de la reforma.
El pasado 31 de marzo, en una álgida y desordenada sesión que incluyó reclamos entre diputados, los legisladores aprobaron reformas para realización del proceso de elecciones en las juntas auxiliares.
La premura del proceso legislativo originó confusiones entre los mismos diputados.
Los diputados aprobaron que los ayuntamientos emitan reglas mínimas para la emisión de convocatorias de juntas auxiliares. La reforma contó a favor con el voto de los diputados del PRI. Con la excepción de Pablo Fernández del Campo, que votó en contra.
En esa ocasión, el PRI votó a favor las reformas porque pactó con la fracción morenovallista bajar el porcentaje de participación en candidaturas ciudadanas hasta 3 por ciento.
Sin embargo, los mismos diputados del PRI advirtieron que impugnarían cualquier interpretación de la reforma que le abriera la puerta a la participación de los partidos políticos en la elección de las juntas auxiliares. Tal y como sucedió en los municipios gobernados por alcaldes de la coalición morenovallista Puebla Unida.
En rueda de prensa este lunes, regidores, diputados del PRI y la dirigencia partidista señalaron: “El máximo tribunal electoral nos dio la razón y la cuarta sala regional emitió en su sentencia, que las Convocatorias de Puebla y Cuautlancingo: ‘Son inconstitucionales, debido a que no respetaron el plazo establecido por el artículo 105 de la Constitución General de la República, pues no se cumple con el periodo de 90 días requeridos para que una reforma de tipo electoral sea aplicable a un proceso’”.
En su explicación, el diputado, Pablo Fernández del Campo señaló: “Incumplen con el artículo 4 de la Constitución del estado de Puebla, que exige que los partidos políticos solamente participen en elecciones de gobernador, diputados y miembros de ayuntamientos, esto en armonía con la propia Constitución federal, en sus artículos 41 y 116 fracción IV”.
Además, la cuarta sala realizó un análisis más profundo, pues señaló que el permitir la participación de partidos políticos en la contienda de juntas auxiliares resulta violatorio al principio de equidad, ya que le otorga un posición de ventaja a quien o quienes son postulados por un partido político en contra a los que lo son en forma independiente.
El fallo del tribunal señaló que las convocatorias violan la Constitución federal porque no se expidieron 90 días antes de la elección: “En los asuntos relativos a la elección de Juntas Auxiliares, los actores promovieron los juicios ciudadanos para controvertir la convocatoria
emitida por los Ayuntamientos de Puebla y Cuautlancingo, en Puebla, a fin de elegir a los integrantes de las Juntas Auxiliares; en sus determinaciones, la Sala Regional Distrito Federal dejó sin efectos las citadas convocatorias, en razón de que éstas son violatorias de la Constitución Federal, por haberse expedido con base en normas que no fueron promulgadas con noventa días de anticipación al inicio del proceso, y por tanto no deben regir en dichos procesos electivos; por ende, la Sala Regional decretó la inaplicación los artículos 225, párrafo tercero, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, así como 201, Quater, fracción I, inciso c) del código electoral local”.
Después de la andada de críticas, Giorgana intentó defender su postura opositora.
A través de un comunicado, Giorgana señaló que “siempre ha tenido en cuenta que la Legislatura es un poder público, plural, democrático y de pares”.
En todo momento, el compromiso del también coordinador del grupo legislativo del PRI ha sido trabajar de manera colegiada con los diputados de todos los partidos políticos. Víctor Giorgana puso como ejemplo la construcción de una agenda legislativa incluyente para que sea hoja de ruta integral, abierta y participativa de las acciones de la LIX Legislatura.
Agregó que en las recientes modificaciones legales, efectivamente, votó a favor en virtud de que consideraban un apego irrestricto a la Constitución y leyes electorales. Disposiciones extras que no facultan a las autoridades municipales la participación de los partidos políticos en la elección de las juntas auxiliares
Giorgana Jiménez explicó que se participó en combatir con firmeza la ilegalidad de las convocatorias que emitieron algunos ayuntamientos del estado para las elecciones de las juntas auxiliares, ante la interpretación torcida que de la ley y la Constitución Política de Puebla tuvieron autoridades municipales.
