Con los primeros días de trabajo de Concesiones Integrales —o Agua de México— como administradora del SOAPAP comenzaron las prácticas de opacidad de la empresa de la iniciativa privada.
Mediante una sistemática estrategia, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) evita la entrega del número de usuarios morosos a los que ha sancionado.
La empresa y la dependencia descentralizada por medio de su titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información (UAAI), Ulises Martínez Plancarte, ocultan los expedientes solicitados vía Infomex bajo el folio 00174514, con la excusa que nunca está en su oficina.
El SOAPAP en primera instancia cambió la modalidad de entrega de la información, que era vía electrónica, al afirmar que no contaba con los datos solicitados, por lo que la ponía a disposición, o in situ, lo que quiere decir que se tiene que acudir personalmente a recogerla a sus oficinas.
Pero a Martínez Plancarte ni siquiera se le ha encontrado vía telefónica para hacer la cita de la entrega, como la misma dependencia pidió en la respuesta.
Los argumentos siempre son los mismos: “Tuvo que salir temprano”, “está en una junta”, “no se encuentra” y así los documentos que debieran entregarse como lo marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, simplemente no se otorgan.
Martínez Plancarte además funge en el SOAPAP como director técnico, y ha sido uno de los pocos sobrevivientes del organismo público descentralizado tras su cambio de administración a la iniciativa privada, ahora dirigido por Agua de México o Concesiones Integrales.
Ahora, ese funcionario público es una especie de enlace entre el gobierno de Puebla —donde sigue cobrando sueldo— y la empresa, por lo que además de llevar los temas de transparencia es el segundo de Manuel Urquiza, quien sigue fungiendo como director general.
Esta forma de ocultar datos no es nueva y se ha repetido en al menos dos ocasiones con dependencias estatales, posible estrategia gubernamental para evitar proporcionar la misma, acusó la presidenta del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), Lilia Vélez Iglesias.
Por lo tanto, se ha interpuesto un recurso de revisión ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), la que tendrá que revisar el caso.
Otro caso similar se registró en la UAAI del Centro de Convenciones Puebla, donde pusieron in situ una información solicitada por una reportera, la que previa cita debe ser entregada, según advirtieron.
Sin embargo, a los teléfonos marcados para hacer la cita jamás contestan, ni en horarios laborales ni en ningún otro.
