En el caso del fraude millonario de la empresa Oceanografía, la sociedad espera del gobierno federal el compromiso de combatir la corrupción, sancionar a los responsables, incluso a servidores y ex servidores públicos que estuvieran involucrados, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.
Deben esclarecerse los hechos, sancionar a los culpables, reparar el daño causado, no más simulación que tanto daño le ha hecho a nuestro país, dijo el coordinador de los senadores del PRD.
Barbosa Huerta señaló que el gobierno federal tiene la responsabilidad de investigar e iniciar los procesos judiciales correspondientes para sancionar a los responsables del fraude en Oceanografía, y ubicar el grado de participación y responsabilidad de los servidores públicos que desde sus cargos facilitaron, auxiliaron o encubrieron dichas conductas.
Agregó que en estos procesos legales debe preverse la responsabilidad penal de la empresa, incluyendo su liquidación, dada la evidente y reiterada operación fraudulenta que ha tenido desde su existencia.
El senador Miguel Barbosa dijo que el fraude de más de 400 millones de dólares cometido a través de Oceanografía, cuyo accionista mayoritario es Amado Yáñez Osuna, ha puesto al descubierto una red de corrupción que operó en total impunidad en cuando menos dos sexenios.
Por ello, dijo, resultaría inaceptable cualquier tipo de arreglo o acto de simulación en un asunto de interés público como éste, “pues ello sólo abona a la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones”.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, Barbosa Huerta rechazó cualquier intento que pretenda beneficiar la operación de Oceanografía o continuar haciendo negocios en detrimento de las finanzas públicas.
El líder senatorial consideró que el proceso judicial contra Amado Yáñez genera dudas respecto al compromiso de las autoridades para esclarecer los hechos y sancionar con rigor a los culpables, como una medida ejemplar que evite se repitan estos actos que han lesionado las finanzas de Petróleos Mexicanos.
Señaló que en la actual coyuntura política nacional, donde se discuten cambios de radical significado en materia energética, resulta imperativo que antes de aprobar cualquier reforma, existan instituciones capaces de combatir la corrupción.
“Cualquier argumento a favor de abrir la participación de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras en la industria petrolera, resulta débil y se diluye ante la corrupción que existe en el país”, indicó.
El también Presidente del Instituto Belisario Domínguez detalló que en once años, Pemex Exploración y Producción otorgó a Oceanografía 112 contratos con un valor de 49 mil millones de pesos. De estos contratos, 106 se concedieron durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón; y los seis restantes se otorgaron en el actual gobierno.
“Este caso es la representación gráfica de lo que puede suceder en caso de una apertura indiscriminada en el sector energético, sin las instituciones que prevengan y sancionen los actos de corrupción, como actualmente ocurre”, alertó el senador Miguel Barbosa.