El Comité de Defensa del Territorio de Zoquiapan, Comité de Defensa del Territorio de Xochitlán, el Consejo Tiyat Tlali y Tetela Hacia el Futuro criticaron que la Secretaría de Gobierno intervenga a favor de la hidroeléctrica, a pesar del manifiesto rechazo de los pobladores de la Sierra Norte a la construcción de una hidroeléctrica que ocuparía las aguas del río Apulco.
Los colectivos señalaron que “haciendo caso omiso del rechazo de las comunidades a la hidroeléctrica, la Secretaría de Gobierno del estado de Puebla ha estado presionando a las autoridades locales y representantes comunitarios para que reciban a los funcionarios de la empresa Gesa, a fin de que aprueben su proyecto”.
Las organizaciones defensores del ambiente resaltaron que con el respaldo del gobierno del estado la empresa Gesa ha presentado un protocolo a los ayuntamientos en donde pretenden realizar la supuesta consulta.
El protocolo presenta diversas irregularidades, como el que se haya designado a la empresa como el “órgano responsable” de realizar dicha consulta.
La realización de una consulta por la empresa GESA viola la normatividad de los estándares de consulta a los pueblos indígenas, que indican que la misma es una obligación del gobierno, sin la intervención de las empresas.
En el mes de diciembre del 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Nautrales (Semarnat) le autorizó condicionalmente una manifestación de impacto ambiental a la empresa Generación Eléctrica de San Antonio SA de CV (GESA).
“Uno de los condicionamientos consiste en la realización de la consulta a los pueblos indígenas nahuas y totonacos, cuyos derechos se verían afectados por la construcción de dicho proyecto. Es importante señalar que la Semarnat primero otorga el permiso y luego pide la consulta a los pueblos indígenas, lo cual viola el principio de la consulta previa, como obligación de Estado”.
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En el mismo sentido, los activistas opositores a la construcción de hidroeléctricas en la Sierra Norte advirtieron que cualquier restricción o acto de violencia que sufran será responsabilidad del gobierno.
“Hacemos responsables al gobernador Moreno Valle, al Gobierno Federal y a quienes intentan imponer estos proyectos, de la integridad física y moral de los aquí presentes y de los habitantes que exigimos nuestros derechos en la Sierra Norte de Puebla. Llamamos al gobierno del estado a una audiencia pública para que sea a través del diálogo político como se resuelvan estos conflictos sociales y que no sea pretexto de violaciones a derechos humanos y constitucionales”.
Los activistas pidieron que cese cualquier obra hidroeléctrica o de minería en la Sierra Nororiental, porque las comunidades no quieren esos proyectos y tampoco han sido consultadas.
“Para evitar un ecocidio y desplazamiento forzado de decenas de comunidades de la Sierra Norte y exigir que se termine este clima de violencia, represión y hostigamiento en contra de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos, académicos y estudiantes en el estado de Puebla”.
Cabe señalar que la empresa GESA detuvo sus trabajos en la Sierra Nororiental hasta que se hiciera una consulta con los habitantes de los pueblos afectados.
El proyecto de la hidroeléctrica afecta a tres municipios de la sierra nororiental: Xochitlán de Vicente Suárez, Nauzontla y Zapotitlán de Méndez.
“Estos hechos evidencian que tanto la Semarnat como el gobierno del estado están actuando como promotores de proyectos de capital privado, que buscan la generación de ganancia y la profundización de la privatización de la generación y distribución de la energía eléctrica, en lugar de actuar para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas”.
Los activistas señalaron que la construcción de la hidroeléctrica se trata de una imposición: “Por las razones expuestas, los aquí presentes, designados por nuestros propios pueblos inconformes ante la pretendida imposición del proyecto hidroeléctrico San Antonio, exigimos a los gobiernos estatal y federal, que respete nuestro derecho a la autodeterminación y cese el hostigamiento a autoridades y población de la Sierra Norte debido a nuestra total negativa al proyecto hidroeléctrico y a todos los proyectos de muerte que se pretenden imponer”.
Exigen derogación de ley Bala
Además, los colectivos también expresaron sus críticas ante la “ley Bala”, que fue aprobada el pasado 19 de mayo en un proceso legislativo “opaco”.
La ley fue modificada ante la oleada de críticas y el escándalo internacional el Congreso local —que aprovechó la opacidad que priva en la LIX Legislatura— para modificar la “ley Bala” sin realizar un proceso legislativo transparente.
Posteriormente, la oficina de comunicación del Poder Ejecutivo dio a conocer un ejemplar del Diario Oficial del Estado de Puebla —en su versión PDF— presentando modificaciones a la “ley Bala”.
La publicación de la ley en el Diario Oficial data —de acuerdo al boletín oficial— del lunes 19 de mayo. Pero el archivo digital remite a otra fecha: el 21 de mayo del 2014 a las 9:13 horas.
Es decir, el mismo día en que en el Congreso se aprobó la ley.
Los activistas resaltaron estas irregularidades dadas a conocer por los medios de comunicación sobre la mal llamada por los legisladores “Ley para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza por parte de de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla”, debido a que la misma criminaliza el legítimo derecho a la protesta social, motivo por el cual exigieron su abrogación.
Además, los colectivos exhortaron a las comisiones estatal y nacional de los derechos humanos para que se conduzcan a solicitar la abrogación de la ley.
Activistas detenidos, persecución contra opositores
Otro punto que abordaron fue la crítica en contra de los activistas detenidos por su oposición a la construcción del gasoducto Morelos.
El gobierno morenovallista no se tentó el corazón con los opositores a la construcción del gasoducto Morelos.
Las detenciones contra opositores se realizaron en el mes de abril. En menos de 72 horas, a partir del 6 de abril, policías estatales detuvieron a tres activistas opositores a la obra.
En aprehensiones exprés, el 6 de abril policías estatales detuvieron a la luchadora social Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan.
Luego, el 7 de abril, 12 policías detuvieron a Carlos Flores Solís al salir de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien acababa de interponer una queja por violaciones a los derechos humanos en la detención de Enedina Rosas Vélez.
Y a continuación, el 8 abril, sujetos fuertemente armados, a bordo de dos vehículos blancos sin placas y sin orden de aprehensión, detuvieron a Abraham Cordero Calderón, dirigente del Frente de Campesinos y Pequeños Propietarios de Texmelucan y la Sierra Nevada, en su domicilio.
Sobre este tema los colectivos de la Sierra Norte expresaron: “Señalamos que estamos viviendo un clima de represión y hostigamiento a la lucha social contra los megaproyectos en Estado de Puebla. Estos hechos de hostigamiento han ido desde la intimidación a ciudadanos y autoridades que se oponen a estos proyectos, así como el atentar contra la integridad de sus vidas. Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros que se oponen a la construcción del gasoducto Morelos y exigimos la liberación de los compañeros Enedina Rosas, Abraham Cordero y Juan Carlos Flores, así como el esclarecimiento y justicia del asesinato del compañero, Antonio Esteban Cruz”.
