Transportistas sufrieron un primer “revés” en los juzgados, luego de que un juez federal negó la una suspensión definitiva en el juicio de amparo que han iniciado contra la Secretaría de Transportes (ST), buscando protección federal para no perder sus concesiones.
La Sociedad Cooperativa de Autotransporte de Pasajeros Mayorazgo, que es apenas una parte de uno de los consorcios más poderosos en transporte público de Puebla, con más de 250 autobuses o concesiones, interpuso desde mayo el juicio de amparo para no perder sus permisos.
El juez noveno de Distrito en primera instancia otorgó la suspensión provisional del acto reclamado en el expediente 745/2014, en este caso la revocación total o parcial de derechos adquiridos para prestar servicio público de transporte de pasajeros.
Sin embargo, al continuar el proceso lo desechó, por lo que los transportistas interpusieron un recurso de revisión en contra de esta acción, por lo que ahora será revisado por un tribunal colegiado.
La importancia de la suspensión definitiva radica en que de ésta depende la continuación del juicio, debido a que en caso de que la autoridad —en este caso, la ST— podrá quitar las concesiones en cualquier momento, ya que no existe ningún amparo.
Y en caso de que quite las concesiones no habrá materia de juicio, por lo que es probable que sea sobreseído o se deseche el asunto, sin poder luchar, por lo que es de vital importancia para los transportistas el dictamen del recurso de revisión.
Pero es de destacarse que el juicio también podría ser sobreseído en caso de que no se compruebe el acto reclamado: “Revocación total o parcial de derechos adquiridos para prestar servicio público de transporte de pasajeros”.
También podría ser sobreseído o desechado en caso de no existir lo reclamado, en este caso, que la ST no les haya pedido o intentado quitar las concesiones.
Este juicio de amparo fue presentado luego del temor que ha surgido desde mucho antes de que el gobierno estatal quitara las concesiones a transportistas de la línea 1 del metrobúa o sistema RUTA.
Temen que tras la conclusión de las obras de la línea 2 del metrobús que correrá toda la 11 Norte-Sur, por donde circulan sus autobuses actualmente, les quiten las concesiones de igual modo que a los de la línea 1.
Los transportistas buscan la protección federal para no perder sus concesiones, como reveló Intolerancia Diario desde la semana pasada, cuando vieron a sus colegas de la línea 1 del RUTA tener serios problemas, que derivaron en que el gobierno tomará el control.
Fuentes transportistas informaron que dicha sociedad está conformada por los hermanos Delfino y José Reyes Bocardo, pero principalmente por Ángel de la Sierra, alias “El Juco”, como conocen al dueño de más de 200 autobuses, el mayor de todo el estado.
Esta sociedad está conformada por los concesionarios de rutas que corren hacia el sur de la ciudad, como Galgos del Sur y Mayorazgo en sus distintas modalidades, las que desaparecerán ante la llegada del sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA)
La semana pasada el gobierno del estado retomó la administración de la línea 1 de la RUTA, la cual es manejada ahora por la dependencia estatal Carreteras de Cuota Puebla, luego de que apenas un día antes se reformó la ley del transporte en el estado, donde se le facultó.
Posteriormente, el gobernador Rafael Moreno Valle culpó a los transportistas del mal manejo de la línea, por lo que tendrían que absorbería a para dar un mejor servicio a los pasajeros.
Más de 152 concesionarios que circulaban sus unidades por el derrotero actual del metrobús participaban en la RUTA como accionistas, al cobrar 6 mil pesos mensuales, los cuales dejaron de pagarles hace medio año y ahora ya no cuentan con nada.
El juicio
Según el expediente 745/2014 en el Juzgado Noveno de Distrito, la solicitud del juicio de amparo de parte de los concesionarios se presentó el 15 de mayo pasado, siendo admitida cinco días después.
El 20 de mayo, el juez concedió la suspensión provisional del acto, pero advirtió que dejará de hacerlo si no se otorga caución.
La situación de la suspensión provisional casi siempre la otorga un juez federal sin ninguna prueba, por lo que se abre una especie de mini juicio alterno para que se otorgue la suspensión definitiva del acto reclamado.
Lo anterior quiere decir que al concederse la suspensión definitiva las cosas deben quedar como estén hasta el término del juicio, lo que podría llevar más de un año, en este caso, el gobierno estatal o ST no podría mover o revocar sus concesiones hasta que haya una sentencia.
Posteriormente, del 23 al 27 de mayo se realizaron audiencias y presentaciones de algunas pruebas, por lo que este último día el juez niega la suspensión definitiva, desechando el caso.
Desde entonces fueron notificadas las partes, hasta que el juez dictaminó que no otorgaría la suspensión definitiva-
Esto derivó en que apenas el pasado viernes 13 de junio los concesionarios interpusieran un recurso de revisión, el cual será turnado ante un Tribunal Colegiado en la materia.
El pasado 12 de junioLa visita, un día antes de que interpusieran el recurso de revisión, el representante de los transportistas de la 11 Norte-Sur, Delfino Reyes Bocardo, llegó al Congreso estatal para entrevistarse con diputados priistas.
Ahí afirmó ante la prensa que, para que exista un proyecto real de la line 2 del sistema de transporte RUTA que, a menos que realicen un verdadero proyecto real de ciudad, tarifa y servicio, va a fracasar.
Reyes Bocardo, quien tiene la concesión de 50 camiones de las rutas Galgos del Sur, Titanes y San Ramón, descartó, por el momento, una estrategia legal en contra de la entrada en operaciones de la línea 2 del metrobús.
Además, reveló que las pláticas en la dependencia a cargo de Bernardo Huerta Couttolenc se han dado de manera vana y sin sustentos, por lo que se busca llegar a un acuerdo entre concesionarios y autoridad estatal.
En tanto, la Secretaría de Transportes aseguró que existe diálogo pacífico con transportistas de las rutas que transitan por la 11 Norte-Sur; a la par, la línea 2 del metrobús avanza conforme a lo planeado.
Sin embargo, aún se desconoce el futuro de los conductores de las unidades, pues se calcula que cada uno de los 300 camiones genera cinco empleos directos, por lo que cerca de mil 500 familias serían afectadas.
