El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado, Francisco Rodríguez Álvarez, señaló que los ciudadanos tienen derecho de ampararse en contra de la llamada “fotomulta”, pero dijo que antes de hacerlo deben reflexionar en el sentido de que si respetaran los índices de velocidad no tendrían que recurrir al amparo de la justicia federal, y manifestó su respaldo al programa siempre y cuando no sea una acción recaudatoria.
Rodríguez Álvarez expresó que las cámaras no deben instalarse en vialidades como bulevar 5 de Mayo, 31 Oriente–Poniente y 25 Oriente–Poniente toda vez que esto sí representaría una acción recaudatoria.
Señaló que estas cámaras de vigilancia no se hubieran instalado si los automovilistas respetaran la velocidad permitida, pero diariamente había percances automovilísticos y lo más grave la pérdida de vidas humanas.
Dijo que el monto de la recaudación ha ido a la baja toda vez que al principio los automovilistas no tomaron en serio la medida, pero una vez que les “pegó en el bolsillo” se dieron cuenta de que cuesta caro no cumplir con la ley.
Reiteró que el programa está plenamente justificado cuando los índices de accidentes disminuyeron 90 por ciento, al igual que las muertes, y la insistencia es que esto sea en vialidades o carreteras que tienen mayor incidencia, y que esto no se aplique en lugares de baja velocidad.
Comentó que las carreteras estatales marcan entre 100 y 110 kilómetros por hora, que son velocidades adecuadas para evitar accidentes.
Francisco Rodríguez expresó que de los ciudadanos dependerá si contribuyen o no con recursos adicionales al estado, simplemente que maneje a velocidad moderada cuidando su integridad y la de sus familias.
La opacidad
En octubre de 2013, a dos meses de entrar en operación el programa denominado “fotomulta”, para reducir los índices de velocidad en las principales avenidas, la diputada local Denisse Ortiz Pérez demandó una verdadera transparencia, ya que los automovilistas desconocen si realmente excedieron los límites de velocidad.
La diputada local del PAN Denisse Ortiz Pérez pidió a la Secretaría de Transportes poner un portal de consulta para que los automovilistas que hayan excedido los límites de velocidad tengan claridad de sus multas, debido a que hay confusión entre los automovilistas que han comenzado a recibir en sus domicilios las infracciones.
Al respecto, señaló que la consulta electrónica ayudaría a los infractores a conocer el monto que deberán pagar, pero también para poder identificar si están o no dentro de las multas que aplica el denominado programa Monitor Vial, que se ubica en vialidades como el Periférico y vía Atlixcáyotl.
Asimismo, reconoció que la llamada “foto-infracción” había dado buenos resultados debido a que han disminuido los accidentes automovilísticos, aunque dijo que en un principio dudaba de sus beneficios, pero insistió en que falta transparencia, e indicó que este portal de consulta también ayudaría a agilizar los pagos y a tener un mayor contacto con este programa, pues algunos todavía no lo conocen.
Hasta el momento no se colocado el portal que se pidió y los ciudadanos desconocen si han sido o no infraccionados.
Contra las cuerdas
Cerca de 23 ciudadanos esperan el resolutivo de un juez federal, interpusieron un juicio de amparo para no pagar las multas.
El programa Monitor Vial tiene “claroscuros” que van desde las críticas por su presunta ilegalidad y montos millonarios de multas hasta la notoria baja en el índice de muertes, lesionados y número de accidentes automovilísticos desde que se implementó.
Hasta el momento, 23 personas esperan el resolutivo de un juez federal luego de haber interpuesto un juicio de amparo para no pagar la “fotomulta” en Puebla, la que abogados consideran ilegal, publicó Intolerancia Diario el pasado 9 de julio con información del reportero Jorge castillo.
Este programa, mejor conocido como “fotomulta”, se aplica en medio de una presunta ilegalidad al carecer de reglamentación, además de que podría ser hasta inconstitucional.
De acuerdo al abogado del corporativo Iure, Luis Velasco, son dos puntos los que violan la ley flagrantemente: 1. El tomar una fotografía como prueba única, y 2. El no dar derecho de audiencia al infractor.
Por lo tanto, dicho corporativo jurídico inició el juicio de amparo en el que se incorporaron a 23 personas quejosas, el que presuntamente se estará resolviendo a finales de agosto, tras una audiencia en la última semana, donde la autoridad federal debe dictar la sentencia.