Diputados de izquierda pidieron a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que supervisen las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en el operativo policiaco de desalojo del pasado 9 de julio en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.
En la refriega fue herido el niño José Luis Tehuatlie Tamayo de 13 años, quien a causa de las lesiones, murió.
En el operativo policiaco —el cual es investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos— se cometieron violaciones de gravedad a los derechos humanos, por parte de la administración estatal.
La bancada del PRD en San Lázaro explicó en una rueda de prensa que la “ley Bala”, la cual se aplicó en el violento operativo del 9 de julio, criminaliza cualquier manifestación: “El uso de la fuerza con armas potencialmente letales en contra de los manifestantes se ha vuelto una práctica sistemática, en particular en el caso del estado de Puebla”.
Porque desconoce el derecho de las personas a manifestarse, deslegitimando este derecho al señalar que hay protestas violentas o ilegales.
En la rueda de prensa participaron los representes populares del PRD Roberto López Suárez, Roxana Luna Porquillo, José Luis Muñoz Soria, Margarita Tapia Fonllem y Joaquina Navarrete Contreras. También la diputada petista Loreta Ortiz Ahlf.
Los legisladores resaltaron que el gobierno de Puebla, que encabeza Rafael Moreno Valle, ha seguido prácticas de represión como la aprobación de la “ley Bala”.
Los diputados también rechazaron las explicaciones del gobierno de Puebla que señala que las heridas que recibió el niño José Luis Tehuatlie fueron por un cohetón.
La política represiva en Puebla
La protesta social debe ser entendida como un derecho constitucional legítimo para reclamar derechos de manera digna y nunca debe someterse al prejuicio de la ley o la autoridad, catalogándola como “violenta” o “ilegal” sin haber sucedido ningún hecho para que pueda ser considerado como tal, señalaron los diputados.
Sin embargo, el PRI y el PAN se han empeñado en criminalizar, perseguir y encarcelar a quienes piensan y hablan diferente.
El último fenómeno en el estado de Puebla ha llegado hasta sus últimas consecuencias con la muerte del menor José Luis Tehuatlie, lesiones discapacitantes a tres personas, así como heridas y encarcelamiento a decenas de personas.
“Hemos documentado el desarrollo de la investigación, la conducción de las autoridades, su cobertura en medios de comunicación y los testimonios de las víctimas y testigos. De ello, podemos concluir que el uso de la fuerza con armas potencialmente letales en contra de los manifestantes se ha vuelto una práctica sistemática en particular en el caso del estado de Puebla.
”Además del caso de San Bernardino Chalchihuapan, se ha observado la misma utilización de balas de goma, latas de gases lacrimógenos caducados y granadas en hacienda Atlamajac o en mercado Jorge Murad Macluf, entre otros casos.
”A pesar de que se han documentado los usos de estos proyectiles, tanto por la comisión estatal de derechos humanos, de organizaciones civiles y de los testigos de Chalchihuapan, la policía sigue sosteniendo que no posee las mismas. Las inconsistencias en la investigación y en posiciones del gobernador son notorias. A pesar de que el certificado de defunción firmado por un forense profesional sostiene que el menor se murió a causa de hematoma, edema y hemorragia por trauma craneoencefálico, el gobierno sostuvo primero que el menor murió por un trauma cardio-respiratorio y posteriomente por culpa de un cohetón.
”Además de los esfuerzos del gobernador Rafael Moreno Valle para acallar y alinear a la prensa local, a nivel federal la Secretaría de Gobernación, en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, contrató anuncios pagados en el sitio YouTube para difundir los resultados de la autopsia realizada a José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, lo que constituye un despliegue sin precedentes de recursos para apoyar y difundir las indagaciones que, por el momento, sólo son oficiales a nivel estatal.
”Hemos condenado públicamente el desempeño de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, al mando de Facundo Rosas, y hemos exigido que se lleve a cabo una investigación imparcial, dado que el procurador Víctor Carrancá se ha limitado a conducir los resultados hacia las hipótesis que desde el primer día planteó.
”Ante estos hechos, que constituyen las violaciones graves a derechos humanos, no tenemos elementos para confiar que esos sucesos van a ser investigados y sus responsables sancionados, mucho menos que las víctimas puedan beneficiarse de la reparación y que esta situación no se repita.
”Por ello, hacemos un llamado al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, y al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a que hagan a un lado intereses y vínculos políticos y procedan a un esclarecimiento pleno de los hechos.
”Las autoridades involucradas no cuentan con credibilidad suficiente para que contemos con una opinión imparcial. Por ejemplo, Juan Pablo Piña Kurczyn, quien recién fue nombrado jefe de la oficina del gobernador Rafael Moreno Valle, fue el sexto visitador de la CNDH.
”El responsable de la secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas, fue el encargado de la operación de desalojo de manifestantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la autopista México-Acapulco, en que se ejecutó extrajudicialmente a dos personas que protestaban.
”Es por todo esto que hemos decidido remitir hoy este informe para pedir la intervención de instancias internacionales de Naciones Unidas y de la OEA: a la Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a Christof Heyns, relator especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas; al Maina Kiai, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas; Frank La Rue, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; a Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; a Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; a Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, y a James L. Cavallaro, relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
”Los legisladores confiaron que la intervención de la OEA, una debida vigilancia internacional para el respeto y la protección de los derechos humanos y no existan espacios para la impunidad”.
