Este domingo, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, luego de las violaciones a los derechos humanos que hubo durante el operativo en que fueron detenidas cinco personas.
En el transcurso de la tarde del domingo, la diputada federal Roxana Luna Porquillo informó que dos de los cinco procesados lograron alcanzar fianza, la cual ronda los 50 mil por cada uno; sin embargo, horas más tarde se le informó a la legisladora perredista que ninguno obtendría su libertad; de última hora se le negó y permanecerán tras las rejas.
Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes están siendo acusados por los delitos de tentativa de homicidio, motín y ataques a las vías de comunicación.
Los detenidos fueron golpeados, humillados y por más de 12 horas desaparecidos; además de comparecer sin sus abogados defensores, los cinco detenidos de la comunidad de Chalchihuapan rindieron su declaración preparatoria.
Por lo tanto, la CNDH, al enterarse, por medio de información periodística y quejas de los afectados, este viernes envió visitadores que entrevistaron a los familiares de los agredidos por los elementos de la Policía Ministerial.
Por lo tanto, este lunes se espera un pronunciamiento oficial de parte del organismo defensor de los derechos humanos en el país.
Entre las quejas que llegaron, fue la de Araceli Bautista, madre del presidente auxiliar Javier Montes, donde se a la CNDH sobre la violación a las garantías de los pobladores y sus familias.
“El gobernador mandó un comunicado donde dice que él ya respondió a todas las recomendaciones que dio la CNDH, ¿y de qué manera? ¿Agarrando a cinco personas de aquí del pueblo?”, dijo molesta en entrevista a reporteros.
Los visitadores recorrieron las casas de los detenidos y se dirigieron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en la ciudad de Puebla, para entrevistar a cada uno de los procesados.
Desde las 4 horas hasta las 16 horas de este sábado nadie supo de la ubicación de las personas que los Policías Ministeriales se llevaron por la fuerza de sus viviendas.
Finalmente, la información fluyó gracias a un amparo ante la justicia federal, que los detenidos se encontraban recluidos en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla.
Dichas personas están acusadas de participar en la manifestación del 9 de julio, que ha mantenido en medio del escándalo al gobierno de Puebla, debido a que dejó como saldo la muerte de un niño y decenas de heridos.
Desde el día de la aprehensión, la diputada federal Roxana Luna Porquillo sentenció que se vivió nuevamente una violación de derechos humanos en Chalchihuapan.
Entrevistada en las puertas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la legisladora federal señaló que existen muchas irregularidades en la aprehensión y operativo en su contra.
“Se integrarán todos los elementos necesarios, hay gente que entraron a sus domicilios donde no se podía abrir, lo hicieron con patadas, romper cristales, eso es grave, porque eso demuestra que no llevaban orden de aprehensión, más bien iban a detener al primero que se encontraran.
”Vamos a estar al pendiente ahorita, para darles garantías, por medio del amparo que se está presentando, para poder tener certeza de las cosas.
”Tan no llevaban órdenes de cateo que en este momento siguen integrando todo lo que hicieron, cuando detienen a una persona, cuando es detenida con mandato judicial tiene que ser puesta a disposición en todo caso, porque es un cumplimiento”, refirió.
“En todo caso, si fuera por un delito en flagrancia, es la Procuraduría, entonces vamos a esperar las órdenes del juzgado (federal) para ver dónde están”.
—¿Se vislumbra una violación de derechos humanos?
—Claro, porque en el momento de que entran con violencia a las cuatro de la mañana a perpetrar tu domicilio a romper, ahí están las evidencias de cómo entraron, pues claro que es una violación de derechos humanos, creo que se volvió costumbre en todo el estado.
“Refieren los familiares que es gente que no tiene nada que ver con lo del conflicto, lo que demuestra que a los que encontraron dormidos”.
Señaló que entraron al domicilio del presidente de la junta auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Tamayo.
“Pero afortunadamente no lo encontraron, Javier no estaba, no sabemos dónde está, hoy ya no contesta teléfono, es claro que con el hecho de haber entrado a su domicilio es que lo buscaban.
”Espero que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya esté interviniendo, que ya lo pedimos, pero son parte de lo que podemos pedir como ciudadanos”, señaló.
En tanto, los familiares de todos los detenidos afirman que no eran parte del movimiento que cerró la autopista Atlixco-Puebla, sino que fue una razzia contra quienes se encontraran enfrente los policías ministeriales.