Los diputados locales del bloque morenovallista no quisieron incomodar al secretario de General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas.
Lejos de los cuestionamientos de los diputados aliancistas fueron solícitos con los funcionarios del sector gobernabilidad que comparecieron ante el pleno.
La comparecencia del secretario de gobierno, Luis Maldonado Venegas, fue tersa. El futuro diputado federal fue recibido entre abrazos por parte de los diputados locales.
Los diputados no se salieron de su script de confort y evitaron en la medida de lo posible las preguntas incómodas.
A la sede legislativa por parte del llamado “sector gobernabilidad” comparecieron el secretario Luis Maldonado Venegas, el procurador de Justicia Víctor Carrancá Bourget, el secretario de Seguridad, Facundo Rosas Rosas, y el secretario de la Contraloría, Malcom Alfredo Hemmer.
La amnesia les dio a los diputados. Ni se acordaron de la ley Bala que ufanos aprobaron y que prometieron derogar y consultar exhaustivamente, a excepción del diputado Céspedes.
Tampoco hubo cuestionamientos en torno al tema de la autonomía de los órganos estatales de defensa de los derechos humanos.
Salvo las excepciones de algunos legisladores como Sergio Céspedes del PRI, quien cuestionó al funcionario estatal de gobierno sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la diputada del PVEM, Geraldine González, la unanimidad parlamentaria prevaleció en la sede legislativa.
El presidente de la comisión de Derechos Humanos, Sergio Céspedes, preguntó sobre el cumplimiento de los protocolos de derechos humanos en el violento desalojo del 9 de julio del 2014 en San Bernardino Chalchihuapan.
La tibieza de los legisladores aliancista le aseguraba a los funcionarios casi en un “día de campo” en el pleno legislativo pero los cuestionamientos de la planchada comparecencia provinieron del PRI y del PVEM.
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Maldonado Venegas destacó la ausencia de “presos políticos” en el estado de Puebla y señaló que son “presuntos responsables” y que se trata de acciones que buscan fines electorales.
La sesión transcurrió apaciblemente. En el exterior del Congreso se colocaron elementos de seguridad
El legislador del Partido Acción, Franco Rodríguez Álvarez, presidente de la comisión de seguridad del Congreso local le preguntó al secretario en torno a los “movimientos sociales”.
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El diputado priista Céspedes cuestionó a Maldonado en torno al cumplimiento de las 11 recomendaciones:
“Quisiera que precisara entre las 11 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al caso Chalchihuapan la correspondiente a realizar una disculpa pública a la madre de José Luis Tlehuatle. ¿Por qué el gobierno del estado no ha querido dar a conocer el texto que se supone se le dio lectura en una reunión privada? ¿Por qué la SGG mantiene reservada esta información cuando se ha solicitado por transparencia? ¿Cuál es el argumento si se trata de una disculpa de carácter público?”
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos dejó la postura cómoda e insistió: “La seguridad debe ser entendida de manera bidireccional, señaló Céspedes, siempre en el marco de los derechos humanos. El gobierno debe ser el primer hacer respetar la ley
Quisiera que el secretario de gobierno nos pudiera contestar ¿qué se pretendía el 9 de julio al aplicar la Ley que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos policacios del estado de Puebla y bajo qué protocolo fue utilizado?”
Céspedes recordó que en el caso de la muerte del menor José Luis Tlehuatle la CNDH señaló la responsabilidad de diversas autoridades poblanas
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A pesar de que los diputados del PAN habían pedido que el tema de San Bernardino Chalchihuapan no formara parte de la comparecencia del “sector gobernabilidad”, el legislador priista Céspedes cuestionó al secretario Maldonado sobre el cumplimiento de las 11 recomendaciones del expediente 2VG/2014 relativo al pronunciamiento de la CNDH sobre la represión en San Bernardino Chalchihuapan.
Otra de las legisladoras que abordó el tema fue la legisladora del Verde, Geraldine González, quien cuestionó tanto al procurador de Justicia como a los demás integrantes del sector gobernabilidad.
“De dominio público han sido las supuestas persecuciones y detenciones de activistas sociales en la entidad. Recientemente conocimos sobre la liberación de Juan Carlos Flores Solís, presuntamente encarcelado por su oposición al gasoducto Morelos. La orden para su liberación evidencia el error de la autoridad local y la contradicción con el criterio de un juez federal, además, propensa la confusión y atemoriza a la sociedad sobre la posible utilización del aparto gubernamental para inventar delitos.
”¿Bajo qué cargos y con qué elementos contó la Procuraduría General de Justicia para solicitar la aprehensión del ciudadano referido?
”¿Cuáles fueron los argumentos citados por la autoridad federal para la liberación de los mismos?”
González luego de cuestionar sobre la aprehensión injustificada del ambientalista, Juan Carlos Flores Solís, se refirió a las recomendaciones de la CNDH: “Respecto al seguimiento de las recomendaciones de la CNDH sobre el caso Chalchihuapan, y ante la necesidad de hacer justicia y sancionar a los responsables del fallecimiento del menor Tlehuatle. Sabemos que los seis elementos aprendidos por su posible participación fueron liberados:
”¿Cuál es su situación jurídica?
”¿Bajo qué criterios se ordenó su aprehensión así como su posterior liberación?
¿Hay algún indicio para identificar de una vez por todas a los responsables?”
González se dirigió a Maldonado para preguntarle: “Sabemos que las recomendaciones de la CNDH respecto al caso Chalchihuapan siguen sin atención total, como así se ha reconocido por las autoridades locales y por el propio organismo nacional.
”¿Qué acciones ha emprendido el gobierno del estado y cuales hacen falta por atender para concluir el caso en su totalidad?
”Respecto a la reparación del daño, ¿Cuántas se han cubierto? ¿Cuáles han sido los montos otorgados y bajo qué criterios se establecieron? ¿Cuánto vale para el gobierno la pérdida de un ojo o de una vida humana?”
Por su parte, el diputado Francisco Mota, del PAN preguntó, a modo, sobre el tema de los registros civiles.
El secretario Maldonado aprovechó la cómoda pregunta para mostrar actas de nacimiento “clonadas” y señaló que estos documentos falsificados se ocupan para el tráfico de menores.
La tibieza legislativa
El diputado priista Rosalío Zanatta Vidaurri centró sus preguntas sobre el funcionamiento de los arcos de seguridad y los resultados de los procesos de pruebas de confianza a policías.
El secretario de Seguridad Pública, expuso que se construyeron los arcos de seguridad en Palmar de Bravo y Huejotzingo, con un costo de 328 millones de pesos, equipados con sistema de rayos X, lector de placas y sistema de video vigilancia. El procurador de Justicia informó que se realizaron 1,946 pruebas de confianza durante el 2014.
Por su parte, el diputado perredista Ignacio Mier Bañuelos preguntó sobre la ubicación de las cámaras y el impacto del Programa Monitor Vial, y las medidas preventivas de corrupción. Facundo Rosas, respondió que se logró la reducción de accidentes en un 80 por ciento y del 85 por ciento en fallecimientos. Malcom Alfredo Hemmer, indicó que el gobierno tiene una serie de mecanismos de combate a la corrupción, con medios como correo electrónico y módulos de atención de quejas. Sin embargo, ninguno respondió a sobre la ubicación de las cámaras.
Por el Partido Compromiso por Puebla, Sara Chilaca Martínez pidió datos sobre las acciones de Protección Civil. Al respecto Luis Maldonado dijo que se trabaja en un programa de evaluación de equipos de gaseras, pero su aplicación compete a la Secretaría de Energía; que Puebla cuenta un Atlas de Riesgo y se promovió la creación de comités de Protección Civil en los ayuntamientos.
Por el Partido del Trabajo, Mariano Hernández Reyes pidió información sobre acciones para combatir y prevenir el asalto a cuentahabientes. El titular de Seguridad Pública, indicó que se han proporcionado 159 servicios de acompañamiento bancario, con todo el secreto que este tipo de acciones requieren.
Por el Partido Social de Integración, Marco Antonio Rodríguez Acosta preguntó qué acciones se realizan para verificar el cumplimiento de proveedores con los contratos del gobierno, y pidió saber los mecanismos para promover participación social en la aplicación de los recursos públicos.
Los detalles
- El diputado Germán Jiménez García cuestionó sobre las acciones para crear el Mando Único de la Policía en el Estado. En su oportunidad, el Secretario de Gobierno, reveló que aun está la discusión sobre si se aprueba una Policía Única o el Mando Único en las fuerzas de seguridad pública.
- Cirilo Salas Hernández, del Partido Nueva Alianza, preguntó sobre estrategias para prevenir los delitos contra la salud. El Procurador Carrancá, informó que la Procuraduría de Justicia consignó a 491 personas por delitos contra la salud, quienes operaban en 54 puntos de venta detectados.
- El diputado Ignacio Alvízar Linares, del Partido Movimiento Ciudadano, cuestionó al secretario de Seguridad acerca de las acciones de seguridad en los penales del Estado. El funcionario respondió que se realizaron 61 operativos de revisión física en los Centros de Reinserción Social, donde están recluidas 4,992 personas.
