Después de la reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de Puebla en los artículos 413bis, y 413ter, la diputada perredista Roxana Luna Porquillo insistió en que se está criminalizando la protesta social y es falso que se quiera proteger el patrimonio cultural; “recordemos, en el proyecto del Teleférico se destruyó un inmueble histórico y en Cholula intentaron construir un hotel con estacionamiento atentando contra la zona arqueológica”.
En entrevista, la legisladora expuso que es lamentable, “ahora cualquier pinta la puedan determinar cómo grafiti y como es ya es su costumbre, a pesar de que exista autorización del dueño, pueden amenazarlo o denunciarlo”.
La diputada Luna Porquillo se refirió al argumento sobre protección a los monumentos, e indicó que se habla de cuidarlos; sin embargo, “es contradictoria dicha argumentación de proteger los monumentos históricos una vez que han destruido el patrimonio como es el caso de la Casa del Torno”.
Además, recordó que en la zona arqueológica de Cholula se presentó el proyecto para construir el llamado Parque de la Siete Culturas, en donde el gobierno entregó al INAH, el cual fue revisado por el personal del instituto, en donde se proyectó la construcción de dos grandes estacionamientos. pese a que la ley prohíbe ese tipo de construcciones.
Asimismo, se hablaba de construir hoteles a unos pasos de la pirámide, esto implica en hacer excavaciones a una mayor profundidad y eso, “no está permitido”.
Luna Porquillo manifestó que la ley Antigrafiti es una manera de criminalizar la protesta social, “la gente ya no pueda informar por medio de pintas en bardas y lo más grave es la penalidad de 6 años y que no alcanza fianza, como si hubieran cometido un homicidio imprudencial”.
“Absurda, la ley”
El presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, — a través de las redes sociales— sostuvo que aumentar los años de cárcel para los jóvenes por grafiti “en lugar de brindar educación, empleo y deporte es un error y esa no es la solución”.
Comentó que Movimiento Ciudadano, a través del diputado Julián Peña, votó en contra de esta absurda iniciativa avalada por la mayoría de los diputados.
“Estamos convencidos que para disminuir este tipo de conductas debemos garantizar educación de calidad, empleos bien pagados y por supuesto que los jóvenes puedan acceder a espacios deportivos de calidad.”
Asimismo, el edil Espinosa Torres señaló, “nos pronunciamos en contra de este tipo de leyes que criminalizan la protesta social y desde el gobierno de San Pedro Cholula seguiremos demostrando que no todos los políticos somos iguales.”
El también vicepresidente de la Asociación Nacional de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano comentó que no se puede combatir el grafiti con penas absurdas y equiparables con delitos como homicidio imprudencial, robo de ganado o la tortura.
Consideró que en lugar de impulsar iniciativas que criminalizan a los jóvenes se deberían hacer leyes que fomenten la creación de empleos y que garanticen una mejor educación.
“Ante la reforma al Código Penal del Estado para elevar las sanciones a quienes realcen pintas en inmuebles públicos y privados, es una muestra de lo que puede llegar hacer el PAN en caso de ganar la mayoría en la cámara de diputaos”, agregó Espinosa Torres.
Acción ilegal
El catedrático José Guadalupe Sánchez Jiménez advirtió que la ley va en contra de los artículos 6 y 14 constitucionales ya que se busca criminalizar al ciudadano por manifestarse.
Indicó que la libre manifestación está consagrada en el Artículo 6. “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado.
”Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, comentó.
El estado, dijo Sánchez Jiménez, garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.