En la jornada “Desaparecer en las Sombras de la Impunidad”, organizada por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) se presentó el reporte sobre derechos humanos 2014.
El abogado Simón Hernández León criticó la ley Bala, recordando que la misma busca criminalizar la protesta social y se ha convertido en un modelo de “vanguardia” para que otros estados imiten los mecanismos de represión en contra de los ciudadanos.
El activista por los derechos humanos afirmó que la ley Bala de Puebla criminaliza la protesta social y la libre expresión de las ideas, además de que marcó la pauta para que otros estados y el propio gobierno federal intenten calcar esta iniciativa.
El representante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social afirmó que actualmente se han presentado alrededor de 20 iniciativas semejantes a la ley Bala que intentan frenar la protesta ciudadana, limitar la expresión de las ideas, o impedir que los ciudadanos expresen su inconformidad.
En el caso del estado de Chiapas se frenó una iniciativa parecida a la ley Bala. Y otros estados de la república han congelado iniciativas como la ley bala.
Hernández León participó en la presentación del anuario del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, como parte del encuentro “Desaparecer en las Sombras de la Impunidad”, que se celebró en el Auditorio Manuel Aceves de la Universidad Iberoamericana Puebla, con motivo del quinto aniversario del organismo.
Hernández León criticó que a pesar de que no hay una definición específica de lo que es la protesta se haya creado en Puebla una ley que no distingue los distintos tipos de protesta y se haya criminalizado a la misma con la ley bala.
En la presentación del anuario de derechos humanos, Hernández León afirmó que la ley Bala ha sido pionera ha sido la avanzada en una forma de criminalizar la protesta social que parte de la conformación de un andamiaje legislativo que permite la legalización de estas prácticas en contra de los ciudadanos.
Del 2013 a la fecha ha habido 20 iniciativas local y federal, algunas convertidas en ley, que restringen la manifestación pública, lo que ha generado, lo que ha aprendido focos de atención de la CIDH.
Se han tenido 2 audiencias temáticas: una sobre el caso de México, y otro regional, sobre la criminalización de la libertad de expresión y de manifestación. Nosotros vemos la responsabilidad de actores públicos de partidos políticos de un Congreso local que lo aprobó sin mayor reflexión, excesos que se preveían como en el caso de Chalchihuapan por ello es tan importante esta reflexión sobre la ley bala, en la vigencia de los derechos humanos a una avanzada de una gobernabilidad mucho más autoritaria.
Lo que se define en Puebla puede imitarse por distintos estados y por el gobierno federal. Y la responsabilidad por parte de la CNDH al haberle dado un aval explícito en la administración de Plasecencia Villanueva.
A pesar de este diagnóstico negativo no hay que perder la esperanza. Con una visión de los derechos humanos que permita construir condiciones dignas para las sociedades. Este anuario es muy valioso para brindarnos un elemento de análisis. Pero la revolución es cambiar la realidad e implica organizar esperanzas, como dijera el poeta Ernesto Cardenal, señaló Hernández León.
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En el anuario sobre derechos humanos preparado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacurría hay algunos ensayos sobre la ley Bala como Acciones en la criminalización de las manifestaciones de Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado del programa legal de la organización Artículo 19.
“Es muy importante entender también a la protesta como una forma de participación de la vida política. Si queremos reducir la protesta al aspecto electoral, tendremos un concepto muy pobre de ella. La democracia se construye día a día, y se construye en las calles mediante el disenso.
”Nos llama mucho la atención que en Chalchihuapan dicen que se aplicaron los protocolos. Seguimos preguntándonos, cuáles son esos protocolos. Cuáles son esos manuales donde están publicados. Seguimos esperándolos Además, esta regulación del uso de la fuerza debe evitar, como no la hace la ley bala, la discrecionalidad de las autoridades.
”Nos duele lo que está pasando en Puebla, sobre todo porque la ley Bala ya tuvo consecuencia en la muerte de José Luis Alberto Tlehuatle. Cuando señalábamos desde distintos espacios, desde diferentes luchas, desde diferentes trincheras, que este tipo de leyes violentaban los derechos humanos, la dignidad humana, no estábamos mintiendo cuando preveíamos un escenario como los hechos lamentables, condenables de Chalchihuapan, no estábamos exagerando”, escribió Maldonado Gutiérrez.
Hernández León dijo que la responsabilidad de la Ley Bala proviene de un conjunto de actores, como los partidos políticos y el Congreso que sin reflexión, aprobó la ley el año pasado y en ese contexto las autoridades de seguridad pública al aplicar la ley incurrieron en excesos previsibles como los de la represión en Chalchihuapan, con la lamentable muerte del niño José Luis Alberto Tlehuatle, dijo el abogado Hernández León
Puebla es uno de los estados que busca una salida autoritaria ante las expresiones de disenso, señaló Hernández León.
Fernando Fernández Font, rector de la IBERO Puebla, señaló que desde su concepción el IDHIE ha dado pasos firmes, lo cual ha consolidado su presencia no sólo en la región sino a nivel nacional, lo que ha hecho más relevante su trabajo. De igual forma apuntó que con la instalación de su Consejo Consultivo debe generar una crítica desde afuera que permita desarrollar nuevos retos. “Debemos determinar qué se entiende por justicia y a partir de ello, solidarizarnos con los pobres y desde ahí trabajar por construir una sociedad más justa.”