Exigen que el gobierno de Puebla emita alerta de violencia de género

La diputada del PRD, Roxana Luna Porquillo, presentó un punto de acuerdo para que se declare en Puebla la alerta de violencia de género ante el aumento de asesinatos de mujeres que pueden tipificarse como feminicidios.
Luna Porquillo y el senador de la república, Luis Sánchez Jiménez, así como los diputados Roberto Cabrera Solís y Víctor Nájera Medina avalaron la propuesta.
Los diputados pidieron que el Congreso de la Unión exhorte al Tribunal Superior de Justicia de Puebla, a través del juez octavo de lo penal de Puebla para que emita una sentencia acorde con los derechos humanos de las mujeres reconocidos por el orden jurídico nacional y los tratados internacionales, en el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa Romero.
Además, la propuesta solicita a la comisión permanente del congreso de la unión que se exhorte al titular de la secretaría de gobernación a tomar en consideración todos los indicadores disponibles sobre la violencia hacia las mujeres a fin de, en su caso, declarar la alerta de violencia de género en el estado de Puebla.
La comisión permanente del congreso de la unión también exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a elaborar un diagnóstico respecto a las desapariciones de mujeres para identificar las zonas de riesgo y el perfil de mujeres con mayor vulnerabilidad, para llevar a cabo estrategias de prevención, investigación y sanción.
El exhorto de la permanente exige a la Procuraduría General de Justicia de Puebla a continuar con las investigaciones sobre la participación de Moisés Torres Monroy, en el asesinato de Olga Nayely Sosa Romero y en cualquier conducta ilegal posterior a dicho acontecimiento.

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En dicho exhorto se plantea el problema de los feminicidios en el estado de Puebla porque quienes son más vulnerabilizadas son las mujeres indígenas, jóvenes y pobres.
En este sentido, la ignorancia y desprecio por la vida de las mujeres pareciera una constante del sistema político mexicano, especialmente, el de Puebla.
Los legisladores señalaron que el pasado 9 de junio de 2014, Olga Nayely Sosa Romero fue reportada como desaparecida en la ciudad de Puebla, capital de Puebla de Zaragoza. El 18 de junio del mismo año, sus restos fueron encontrados enterrados en la comunidad de Soto y Gama, en el municipio de Huaquechula, Puebla. Moisés Torres López, su esposo, confesó el asesinato después de haber caído en contradicciones en sus declaraciones ante agentes de la policía ministerial.
Moisés Torres López realizó una primera declaración en la que aseveró haber asesinado a Olga ese mismo 9 de junio, día en el que ella le contó que había reprobado el curso de idioma francés que estudiaba y que además le era infiel. Moisés señaló que la golpeó con un marro en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte y que después descuartizó su cuerpo para ir a enterrar las partes en un paraje de Huaquechula.
Sin embargo, Moisés Torres López se reservó su derecho a declarar ante el juez y sólo ha declarado ante el Ministerio Público, cambiando su primera versión para decir que Olga murió de manera accidental cuando él la empujó durante una discusión, lo que ocasionó que ella se golpeara la cabeza. Declaró que al ver que Olga ya no presentaba signos vitales, tuvo miedo de que sospecharan de él y por ese motivo decidió deshacerse del cadáver cortándolo en pedazos y trasladando los restos hasta la comunidad de Soto y Gama.
En esta declaración Moisés Torres López refiere que su padre, Moisés Torres Monroy, le ayudó a limpiar la escena del crimen por lo que existe también una averiguación previa (AP 410/2014) iniciada en la agencia especializada en la investigación de personas desaparecidas para determinar la participación de otras personas en el feminicidio de Olga y en posteriores actos de encubrimiento.
En el tenor de lo expuesto, también es importante señalar que Moisés Torres López promovió un amparo 1525/20014 en el Séptimo Juzgado de Distrito para que le fuera devuelto el inmueble donde asesinó a Olga, argumentando que se estaban violando sus garantías. Ante esto, el juez de distrito ordenó que se levantaran los sellos declarando que Moisés Torres López podía disfrutar del bien pero no disponer del mismo, por lo cual ordenó que se le hiciera la entrega del inmueble a Moisés Torres Monroy (padre del feminicida) quien fue la persona autorizada por Moisés Torres López. Al tener conocimiento de lo anterior, inmediatamente la familia de Olga, su hermana, Alejandra Sosa Romero y su madre, Argelia Romero Cinto, interpusieron un recurso de queja, pero el juez octavo de lo penal no hizo caso del mismo y sin resolver el trámite de dicho recurso hizo entrega material del inmueble a Moisés Torres Monroy. Aunado a esto, también solicitaron que la Procuraduría General de Justicia de Puebla reclamara el inmueble para continuar con las investigaciones sobre la posible participación de otras personas en el asesinato. Sin embargo, personal de la Procuraduría señaló que no reclamarían ese bien.

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Los legisladores del PRD también abordaron el caso de desaparición forzada de Alan Cerón Moreno y el cumplimiento de la recomendación 78/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de la muerte Alan Cerón Moreno.
“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita una versión pública del informe del cumplimiento de la recomendación 78/2012, sobre el caso del occiso Alan Cerón Moreno.
”La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero a atender cabalmente la recomendación 78/2012 emitida del expediente CNDH/1/2012/2075/Q, realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y emitir una versión pública de los avances en el cumplimiento de dicha recomendación.
”La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República a informar la situación actual que guarda la investigación correspondiente respecto a la desaparición forzada, presuntamente cometida por diversas autoridades del estado de Guerrero, en contra de Alan Cerón Moreno.
”La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento y contribuir con mecanismos de diálogo y concertación con las instituciones competentes del caso de la C. Rosa María Moreno, quien desde hace cuatro años busca justicia para el caso de desaparición forzada y asesinato de su hijo Alan Cerón Moreno”.