La diputada Roxana Luna Porquillo advirtió que el “mensaje” que envía el gobierno del estado al designar a Jesús Rodríguez Almeida al frente de la Secretaría de Educación Pública es que le interesa más consignar a activistas sociales de oposición que una política pública de respeto a los derechos humanos.
Luna Porquillo consideró que la carta de presentación del nuevo secretario de Seguridad Pública que ha sido avalado por las cámaras empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es que sobre él pesan 15 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La designación del nuevo secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, se dio de manera sorpresiva el domingo pasado cuando el gobernador Rafael Moreno Valle anunció cambios en su gabinete gubernamental luego de que Facundo Rosas Rosas abandonará el cargo de secretario de seguridad pública tras el descubrimiento de que sus subordinados coordinaban una red de robo y distribución de combustible que obtenían de los ductos de Pemex. El estado de Puebla ocupa uno de los principales lugares a nivel nacional por el robo de combustible lo que ha generado que a principios de este año se presentarán casos de desabasto de gasolina en las gasolineras de la zona metropolitana de Puebla. Luego del descubrimiento del robo de combustible, el Congreso del Estado, evitó llamar a comparecer al entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas.
El caso del defenestrado secretario llegó a los medios nacionales. Y en la comisión permanente del Congreso de la Unión se presentó la semana pasada un punto de acuerdo para que la PGR investigue a al exsecretario Rosas.
Además, la diputada Luna aseveró que con la llegada del nuevo secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, se recrudecerá la persecución a los sectores sociales que han mantenido una oposición a la administración estatal o han expresado alguna inconformidad en contra de las políticas públicas estatales.
La diputada izquierdista advirtió sobre el eventual aumento de presos políticos en Puebla con la puesta en marcha de la política que el actual secretario Rodríguez Almeida realizó en el Distrito Federal en contra de movimientos sociales y que podría replicar en el estado de Puebla: “Los derechos humanos no son un tema de importancia para el gobierno del estado de Puebla. Represiones, criminalización y hostigamiento, son algunas de las acciones gubernamentales que han destacado en esta administración, y que con la incorporación de Jesús Rodríguez Almeida como nuevo secretario de Seguridad Pública en el gabinete de Rafael Moreno Valle Rosas, serán reforzadas”, afirmó la legisladora estatal.
En un recuento de su paso por la administración pública del Distrito Federal, Roxana Luna Porquillo, expresó que Rodríguez Almeida reprimió marchas y protestas con el aparato de seguridad en la capital del país: “Rodríguez Almeida fungió como exprocurador y secretario de Seguridad del Distrito Federal. Durante su desempeño en la administración de Miguel Ángel Mancera, fue el responsable de la represión contra movilizaciones sociales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y que exigían la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que motivó su retiro del cargo que ahora ocupa en Puebla.”
A detalle
La diputada Roxana Luna externó su malestar con la designación del nuevo secretario de Seguridad Pública: “El mensaje es claro, para el gobierno del estado garantizar la seguridad e integridad de las personas no es lo primordial para buscar un Secretario de Seguridad, lo que preocupa es encontrar a alguien que tenga los conocimientos para garantizar que un juez otorgue órdenes de aprehensión o para consignar a una persona, no importa si bajo él recaen más de 15 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.”
La legisladora del PRD manifestó que no debe haber un preso político más en las cárceles poblanas: “Debemos permanecer alertas ante el desempeño de Rodríguez Almeida y solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública que se conduzca bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos. Las cárceles de Puebla no tolerarán un preso político más”.
