El gobierno del estado pondrá a la venta La Casa del Escritor ubicada en la 5 Oriente 20, luego de que el Congreso del Estado aprobó la enajenación que en diciembre de 2012 se había suspendido, asimismo, se enajenarán diferentes predios también para su venta que suman una superficie mayor a las 30 hectáreas.

Durante la sesión del Congreso del Estado se  aprobó la enajenación y donaciones de predios, en medio de la polémica,  una vez que no se aclaró el destino de las propiedades y sólo se dijo que era un proceso legal.

Sin que los diputados pusieran atención en lo que votaban, en el punto 16 se aprobó por mayoría  que la casa marcada con el número 201 de la avenida cinco oriente de esta Ciudad de Puebla, con una superficie de 464 metros cuadrados, 69 decímetros cuadrados, sea enajenada por el gobierno del estado.

El inmueble surgió como un lugar para la protección de los escritores perseguidos a nivel internacional, además un sitio para promover a los literatos poblanos.

En diciembre de 2012, la anterior legislatura tuvo que retirarla de la lista de inmuebles que serían enajenados, en un paquete que se pondría a la venta con el argumento de que eran bienes que no generaban utilidad al estado, debido a que algunos escritores se dieron cuenta del hecho y hubo una presión.

Durante la sesión ordinaria, el diputado de Movimiento Ciudadano, Julián Peña exhibió la falta de transparencia en la aprobación del dictamen una vez que nunca se especificó para qué serán destinadas 27 hectáreas y media del municipio de Venustiano Carranza y otros inmuebles.

Peña advirtió en la tribuna que sólo se necesita conocer para qué se da la enajenación de un predio que es patrimonio de los poblanos.

En entrevista, el legislador comentó que previo a la aprobación de ese punto, los diputados habían aprobado dos donaciones de terrenos, y se especificaba que el destino sería la construcción de un mercado así como oficinas de Conagua, y la Universidad Bilingüe.

El primero fue en para el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, con la condición de que el Ayuntamiento de referencia lo utilice para realizar la construcción del Mercado de Artesanías, Olores y Sabores; y el Museo Senén Mexic. El segundo  exclusivamente, para la instalación, operación y funcionamiento de las oficinas de la CONAGUA, Dirección Local Puebla, y el predio de la universidad bilingüe.

El legislador votó en contra ante el reclamo desde su curul del diputado del Partido de la Revolución Democrática, Julián Rendón Tapia por hacer el cuestionamiento, asegurando que no había nada que esconder.

Ataque legislativo contra la cultura

En 2011, el Congreso del Estado aprobó la desaparición de la Secretaría de Cultura del estado de Puebla, que  fue rechazada por un grupo de escritores, artistas y promotores culturales quienes demandaron al gobierno electo frenar dicha medida.

El argumento central del rechazo a la fusión de la Secretaría de Cultura en la estructura de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es que las funciones de ambas dependencias son igualmente importantes por lo que no debe someterse una a la otra.
 
Remate de bienes

Los legisladores aprobaron la venta del Predio Rústico denominado “La Isla”, ubicado en el Municipio de Venustiano Carranza, Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Estado de Puebla, con una superficie de 27 Hectáreas, además de las parcelas 1166 Z-1P1/2, 1217 Z-1P1/2, 1241 Z- 1P1/2, 1518 Z-1P1/2, 1578 Z-1P1/2 y 1594 Z-1P1/2, las cuales se encuentran ubicadas en el Ejido de Ciudad Serdán, Municipio de Ciudad Serdán, Puebla.

La sesión

Durante la sesión ordinaria, el legislador José Chedraui Budib, presentó una Iniciativa para fortalecer la atención que se brinda a las mujeres víctimas de violencia por parte de las instituciones públicas estatales. La reforma planteada es a las fracciones III y IV del artículo 35 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.

La legisladora Geraldine González Cervantes planteó una modificación a la fracción III del artículo 9 y las fracciones V, VI y X del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para replicar la legislación local con la federal para fortalecer el respeto a los derechos humanos por parte de los servidores públicos.

La legisladora Lizeth Sánchez García, por el que se adiciona un párrafo al artículo 22 del Código Civil para el Estado, con el objetivo de asegurar los criterios de igualdad y protegiendo los derechos humanos de las partes en la resolución de las controversias entre particulares.

Por su parte, el legislador Pablo Fernández del Campo Espinosa, propuso una modificación a la Ley de Cambio Climático del Estado, para  homologarla con la Ley General y se incluya el uso del atlas de riesgo en la elaboración de los planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento territorial de las entidades federativas y municipios.