El expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, calificó como “un error de interpretación” la declaración del consejero jurídico del gobierno estatal, Armando López Aguirre, quien aseguró que su inhabilitación para desempeñar un cargo público se mantiene, e indicó que la justicia federal ordenó quitar su nombre de la lista de funcionarios penados.
Entrevistado previo a la reunión de la aspirante panista a la presidencia, Margarita Zavala Gómez del Campo, con familias en el Cholula Center, al ser cuestionado sobre las declaraciones del funcionario, Rivera Pérez expuso que es muy clara la sentencia de la justicia federal que señala que no puede entrar en el registro de inhabilitados, y de esta manera sus derechos políticos están a salvo.
El albiazul, indicó que hay una resolución del juez y, por lo tanto, podrá participar en el proceso electoral de 2018. Eduardo Rivera, a su vez, explicó que su procedimiento continúa en las instancias federales por la revisión de su cuenta pública 2013, pero sentenció que con la verdad se demostrará que no incumplió con la ley.
Lo que otorgó fue una suspensión definitiva “para registrarme como funcionario inhabilitado, esto significa que mientras dure el proceso de litigio iniciado por el Congreso del Estado y la Auditoría Superior, mis derechos políticos están vigentes”, declaró el exmunícipe capitalino.
Mientras tanto, apuntó que puede registrarse como candidato para un puesto de elección popular en 2018: “Esa era la estrategia política, la inhabilitación y seguir retrasando las cuentas públicas el mayor tiempo posible. El dejar la cuenta 2013 tres años después”, relató.
Si nosotros no hubiéramos acudido ante el juez, posiblemente la cuenta pública 2013 seguiría pendiente. Lo que argumentan es el tema de la comprobación, simplemente es seguir manteniendo el garrote político en su control”, advirtió.
Al igual que en ocasiones anteriores, Rivera Pérez expresó que “con la sentencia se indica que mi imagen pública y derechos humanos pueden ser vulnerados si la inhabilitación se perfecciona, por ello la suspensión definitiva, y mantener mi imagen pública a salvo; hoy no estoy inhabilitado. Es un paso determinante en torno a mis derechos políticos y de cara al proceso electoral 2018, por lo que era la intención de inhabilitarme”, recordó.
Insistió que sabe muy bien que se trata de un asunto político, y que “fueron órdenes de Rafael Moreno Valle Rosas, exgobernador, presentar un dictamen con irregularidades para que se impidiera su participación electoral.
El amparo
El pasado 30 de junio el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil determinó suspender la inhabilitación aprobada en contra Eduardo Rivera Pérez, por el Congreso del Estado, y su nombre no aparezca en el Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados.
De acuerdo con el listado de acuerdos del Consejo de la Judicatura, en el amparo 943/2017, que se encuentra en estrados, se resolvió que el promovente no deberá ser inscrito en los Registros Nacional y Estatal de Servidores Públicos Sancionados.
La autoridad judicial aceptó el recurso legal promovido por el exalcalde por la inhabilitación de 12 años y una multa de 25.5 millones de pesos, debido a una serie de presuntas irregularidades cometidas en su cuenta pública 2013.
Se concede la suspensión definitiva solicitada por Eduardo Rivera Pérez, respecto de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables”, se apuntó.