Los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) anunciaron que  analizan presentar algún recurso legal para impedir la reducción de salarios, como lo propuso a nivel federal el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a través de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

En rueda de prensa, el magistrado Gerardo Saravia Rivera, informó que por acuerdo de sus compañeros, Adrián Rodríguez Perdomo y Norma Angélica Sandoval Sánchez, asumió la presidencia del TEEP para los siguientes dos años.

El magistrado dijo que una vez concluido el proceso electoral de Puebla reportaron una efectividad de 86 por ciento en la resolución de los asuntos presentados ante el TEEP por lo que manifestó que están satisfechos con el trabajo que han realizado durante el último año.

Cuestionado sobre la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y si se aceptarán un recorte salarial para ganar menos que el presidente de la República, respondió que la ley es muy clara y no se pueden ajustar a la baja los sueldos.

Precisó que un magistrado del TEEP gana lo mismo que uno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y salario es de 85 mil pesos pero en el caso de la presidencia el sueldo sube a 133 mil pesos mensuales.

Saravia Rivera manifestó que esperarán a que se presente la iniciativa de reforma para homologar en Puebla los sueldos de los servidores públicos para determinar las acciones que emprenderán para defender su derecho y mantener la independencia del TEEP.

A dos años de la homologación

El 3 de diciembre de 2016 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a través de la sentencia SUP-JDC-184/2016, al Congreso del Estado y a la Secretaría de Finanzas de Puebla homologar a partir de 2017 los salarios de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla con los que perciben los del Tribunal Superior de Justicia.

La medida se tomó luego de que el Congreso del Estado había reducido la dieta que recibían los funcionarios electorales.

Fue el entonces magistrado Fernando Chevalier Ruanova quien sostuvo que era necesario ganar más por el exceso de trabajo que tienen, además de un bono, la sentencia que se emitió desde el 23 de marzo de ese año, y dada a través de un juicio para la protección de derechos ciudadanos, interpuesto por el también magistrado Jorge Sánchez Morales solo precisa que debe ampliarse el presupuesto para la homologación salarial con el Tribunal Superior de Justicia.

En la sentencia que se encuentra en la página del tribunal federal se precisa:

PRIMERO. Se declara parcialmente fundada la pretensión del actor Jorge Sánchez Morales. SEGUNDO. Se vincula a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal, así como al Congreso del Estado de Puebla para que hagan las gestiones y trámites necesarios, para que se otorgue la ampliación presupuestal adecuada a fin de pagar retroactivamente la remuneración de los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral local.

Fuentes consultadas aclararon que el recurso adicional que recibirían los magistrados electorales era por el pago retroactivo del ajuste salarial, sin que exista el bono que anunció el magistrado Fernando Chevalier Ruanova en la entrevista del pasado 1 de diciembre.

El  documento expuesto por el entonces magistrado de la instancia federal Flavio Galván Rivera aclaró en su resolución que  si bien es cierto que los integrantes del órgano jurisdiccional electoral local tienen derecho a una remuneración equivalente a la de los integrantes del Poder Judicial local, “lo cierto es que, en el caso particular, ante la insuficiencia presupuestaria, no es posible hacer el pago en esos términos a los Magistrados Electorales, hasta en tanto no se tenga la autorización correspondiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en función de la solicitud de ampliación presupuestal formulada.

El magistrado precisó en la sentencia “ es un deber de los tres órdenes de gobierno establecer las remuneraciones para cada nivel, puesto o categoría, por lo que se debe hacer con apego a los principios que rigen la Constitución federal, y respetando la autonomía de los Estados y de los municipios, se consideró conveniente conservarlos y se propuso que sean las legislaturas de los Estados, los cabildos y, en general, cualquier órgano con facultades para emitir sus presupuestos, los que al momento de aprobarlos vigilen el debido cumplimiento de los principios de legalidad, justicia y proporcionalidad en la remuneración de sus servidores públicos; mismos que se deben determinarse anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes.