A siete meses de que concluyera su período como auditor superior del estado, David Villanueva Lomelí renunció al cargo al ser nombrado en el Pleno de la Cámara de Diputados como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2019-2023, luego de que se aprobara su designación con 239 votos a favor.

Villanueva Lomelí llegó en noviembre de 2011 al entonces Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y un año después fue nombrado primer Auditor Superior del Estado, cargo que ocuparía por siete años, sin embargo al participar en la contienda para estar en la ASF renunció al cargo.

La UEC tiene como finalidad apoyar a la Comisión de Vigilancia en la evaluación de la función fiscalizadora y del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la revisión y análisis de los productos derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública, y vigilar que sus servidores públicos cumplan con el marco jurídico aplicable.

En la información dada a conocer por la propia Cámara, se indica que la Unidad además, contribuye al proceso de consolidación del control parlamentario del gasto público federal, aportaciones, participaciones y garantías de deuda en las entidades federativas; también, al cumplimiento de los objetivos de los programas federales, mediante la evaluación del desempeño de la fiscalización superior y con la participación activa de la sociedad civil.

Fin al enfrentamiento

A pesar de estar ubicado dentro del ala morenovallista, el funcionario de quien pidieron su renuncia algunos diputados al iniciar la actual legislatura, entregó en noviembre de 2018 los documentos que solicitaba el Congreso referentes a las cuentas del ex gobernador Rafael Moreno Valle, y diferentes municipios, y que habían desaparecido los anteriores legisladores.

El entonces auditor superior del estado, David Villanueva Lomelí aclaró que la entrega de los dictámenes de las cuentas públicas aprobadas en los últimos tres meses de la anterior legislatura, no significa que serán abiertas nuevamente, e indicó que si entregará a la Comisión Inspectora lo referente a Rafael Moreno Valle.

Durante la sesión de la Comisión Inspectora, la entrega de la información correspondiente a las últimas cuentas públicas del ex gobernador de Puebla, enfrentó a los diputados de la Comisión Inspectora y el auditor general, David Villanueva Lomelí.

En 10 cajas se entregaron  un total de 186 expedientes de dictámenes de cuentas públicas de ayuntamientos y organismos autónomos del periodo concentrado del 14 de julio al 14 de septiembre del 2018, a los diputados aunque se dijo omitió los correspondientes del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y al expresidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, y que fueron aprobadas por la anterior legislatura.

El titular de la ASE justificó que en el primer bloque que se entregó a la Comisión Inspectora no se incluyó la información del gobierno del estado, debido a que en el primer acuerdo tomado por el pleno sólo se enlistaron ayuntamientos y entidades paraestatales, y posteriormente el Congreso emitió otro dictamen sobre las cuentas públicas de Moreno Valle.

“Todas las (cuentas públicas) que pidieron en primera instancia y las que pidieron posteriormente se entregarán (…) no son para una nueva fiscalización, la Constitución prohíbe eso. Lo que hicimos fue entregar por un motivo de colaborar (…) no podemos politizar los temas, nuestra área es técnica, si particularizo en una cuenta pública se va a mediatizar y politizar. Recuerden que no vamos a permitir que una Comisión donde participo se vuelva un circo (…) lo importante es preguntarse por qué solamente piden unas cuentas y otras no (…) todo lo vamos a entregar, de cualquier sujeto obligado”.

Además, pidió hacer constar en actas, que dicha información no se encontraba en la documentación de  la entrega-recepción, omisión que compete a la anterior legislatura y acusó que este acto, es parte de la conducta inmoral e ilegal que asumieron algunos  diputados de la LIX Legislatura, por lo que le solicitó al auditor David Villanueva Lomelí, que en caso de que existiera una consecuencia de carácter legal, se tomaran las determinaciones necesarias para adoptar acciones administrativas o incluso penales en contra de aquellos diputados y funcionarios públicos que no entregaron en tiempo y forma esta documentación  a la LX Legislatura.