A cinco años de la represión en Chalchihuapan las heridas no han sanado, pero tampoco se ha hecho justicia, ya que ninguno de los responsables de las agresiones que hubo por parte de la policía, donde la principal víctima fue un menor de edad, muerto a causa del impacto de una bala de goma, ha pagado, señaló la diputada Tonantzin Fernández Díaz.
La legisladora, que representa a los habitantes de Santa Clara Ocoyucan, así como el municipio de San Andrés Cholula, expuso que al haberse cumplido el 14 de julio cinco años de la represión en Chalchihuapan no se ha hecho justicia, pues aún hay una madre que sigue sufriendo por su hijo, luego de que el Congreso aprobó leyes en contra del pueblo.
Al ser cuestionada sobre las declaraciones de los morenovallistas, en el sentido de que se utilizaron niños como escudo, señaló que la gente estaba en su derecho de protestar, además de que muchos de los afectados no eran ni siquiera parte de la manifestación.
Insistió que la propia Elia Tamayo ha señalado que exige justicia, pues si bien en el 2017 se dio carpetazo por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consideró que el gobierno había cumplido las 11 recomendaciones sin que haya alguien que esté pagando por ese delito.
Además, hubo más víctimas, ya que expuso que en las imágenes que fueron difundidas hay 9 heridos graves, desde a quien le tuvieron que reconstruir la mandíbula, y otro que quedó seriamente dañado de una mano, sin dejar de mencionar a quien recibió un impacto en el ojo.
#Politica || Tonanzin Fernández asegura que las heridas en #Chalchihuapan siguen abiertas y los responsables libres
— Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 14 de julio de 2019
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Una burla la disculpa pública
Fernández Díaz calificó de una burla la supuesta disculpa pública que ofreció el gobierno del estado a través de Enrique José Flota Ocampo, hoy fiscal anticorrupción, pues la recomendación era “pública” y eso significaba que tenía que ser ante toda la comunidad y no solo ante unos cuantos funcionarios de segundo y tercer nivel.
“Esto no sana las heridas y no fueron públicas. Hubieran ido a la comunidad donde oriundo el niño Tehuatlie, que estuvieran otras comunidades porque no era solo la junta auxiliar de Chalchihuapan”.
Las manchas de la legislatura morenovallista
Tonantzin Fernández expresó que la LIX legislatura quedó con una mancha,y comentó que sigue pensando “qué hubiera pasado si la ley no se hubiera aprobado, si los legisladores se hubieran sensibilizado y hubieran medido las consecuencias de sus actos”.
Aclaró que no se les puede reprimir a los diputados por sus acciones, además de que cuentan con fuero y pueden legislar de manera libre, pero hay que sensibilizar las votaciones.
Recordó que las legislaturas morenovallistas primero hicieron reformas a la Ley Orgánica Municipal para quitarles el registro civil a las juntas auxiliares.
Desde las leyes de Reforma, dijo, se crearon los registros civiles en las comunidades, pero con la modificación les estaban quitando su identidad, ya que además de registrar a sus hijos en esos lugares, ahí estaban registrados abuelos, bisabuelo, e incluso tatarabuelos, lo que es evidente en los libros.
Precisó que, de acuerdo con las costumbres, no había testamentos como tales, sino que en el registro civil se precisaba los bienes que le correspondían a cada uno de sus hijos, y quien tomaba conocimiento era el presidente de la junta auxiliar.
Respeto a los derechos humanos
La diputada local indicó que la actual legislatura no ha dejado de luchar desde el primer día de los trabajos para que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos y recordó que la primera iniciativa que se presentó por parte de “Juntos Haremos Historia” fue la abrogación de la llamada Ley Bala que fue la que dio pie a que se usaran las armas en contra de los manifestantes.
Mencionó que hubo bloqueos por parte del morenovallismo para que no ocurriera, sin embargo, la acción se logró y nunca más se tendrán que usar las armas en contra de una manifestación pacífica como la del 14 de julio de 2014.
Señaló que la ley era una propuesta del ejecutivo sin que fuera leída por los diputados, siendo una aberración, además de que en Tehuacán ya se había aplicado.
Las presiones del fiscal
El 28 de noviembre de 2016, Intolerancia Diario informó que Enrique José Flota Ocampo amenazó a Elia Tamayo para que recibiera una indemnización económica por el fallecimiento de su hijo o, de lo contrario, se activaría una Averiguación Previa contra el edil auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes, que lo mantendría en prisión.
De aceptar la indemnización, Jairo Javier Montes no sería sometido al procedimiento penal que pesaba en su contra y quedaría en libertad bajo fianza, como finalmente ocurrió.