Al participar en el Foro Regional "La Importancia del Federalismo en la Justicia Electoral", el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que se han presentado dos denuncias en contra de exfuncionarios de pasadas administraciones de Puebla por lavado de dinero vinculado con enriquecimiento ilícito.
En breve entrevista previa a su participación, señaló que la dependencia a su cargo emprendió acciones legales sobre personas ligadas a pasados gobiernos de Puebla.
Detalló que las denuncias se encuentran radicadas en la Fiscalía General de la República (FGE) para que se inicien las investigaciones correspondientes y las autoridades actúen en consecuencia, sancionando estos abusos y excesos, pero por ley se reservó sus nombres.
Mencionó que en primera instancia se congelaron las cuentas bancarias de los implicados en el delito de lavado de dinero vinculado con enriquecimiento ilícito cometido en los pasados gobiernos.
Al insistirle sobre los nombres o cargos que tuvieron estos exfuncionarios y la administración en la que participaron, respondió que por una cuestión de secrecia de la investigación no podrían ser revelados.
"Nosotros hemos presentado dos denuncias relacionadas con exfuncionarios de pasadas administraciones en el estado de Puebla ante la Fiscalía General de la República, hay que esperar a que se desarrolle el proceso penal en términos del Código Penal en Procedimientos Penales pero la Unidad de Inteligencia Financiera ha generado el congelamiento de cuentas y la denuncia correspondiente, no puedo dar datos por el deber de sigilo de las carpetas de investigación".
Por otra parte, Nieto Castillo reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SUCP tiene congelados 900 millones de pesos en diversos casos relacionados con el delito de robo de combustible en el estado de Puebla, Hidalgo y Estado de México.
#Política || @SNietoCastillo reconoce que dos exfuncionarios estatales se encuentran denunciados ante la PGR y sus cuentas congeladas.
— Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 16, 2019
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Cuestiona legalidad en el financiamiento a campañas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en su participación ante magistrados de tribunales electorales en los estados, puntualizó que debe llevarse una mayor fiscalización de los recursos en los procesos electorales, y advirtió que no se tiene certeza de que en los últimos años se han desviado recursos.
Comentó que en el caso de la llamada “Estafa Maestra” se dice que, de acuerdo con análisis realizados, una parte del dinero fue a parar a las campañas políticas.
Santiago Nieto dijo que la corrupción en los procesos electorales se puede dar a través de tres vías: "El peculado electoral, el desvío de recursos públicos para fines electorales, el financiamiento ilícito proveniente de los grupos delincuenciales y el rebase a las aportaciones establecidas por la Ley".
Dijo que de acuerdo con los reportes del Banco de México, cuando hay campañas políticas en los estados se incrementa hasta seis veces el flujo de capital, situación que no es normal si se tienen ya los topes de los gastos de campaña para partidos y candidatos.
Expuso que tiene que haber un mayor trabajo de fiscalización por parte de órganos electorales, pero además de la inteligencia financiera para detectar los recursos de procedencia ilícita a tiempo.
Nieto Castillo destacó que uno de los principales retos que prevalece en la democracia es el combate al financiamiento ilícito y a la relación que puede existir entre corrupción y procesos electorales.
El funcionario comentó que se necesita de una nueva reforma electoral que “mandará un mensaje para la nueva clase política mexicana de que el condicionamiento de programas sociales y el financiamiento ilícito son conductas que deben desterrarse” del sistema político mexicano, dijo.
Nieto Castillo señaló tendencias preocupantes que no se detuvieron en las elecciones del 2018:
“Primero, no se detuvo el flujo de financiamiento ilícito a las campañas electorales, provenga de delincuencia organizada, de peculado electoral o de algunas de las instituciones prohibidas por la ley”, advirtió.
En segundo lugar, está la debilidad de los sistemas de control de servidores públicos, lo que facilita que no sean imparciales o participen para crear equidad en la contienda, detalló.