El auditor superior del estado, Francisco Romero Serrano, advirtió que la cuenta pública del Ayuntamiento del municipio de Puebla no ha sido aprobada, pues solo se hizo una revisión parcial del desempeño del ayuntamiento, e indicó que por el tipo de situaciones, son cuatro Ayuntamientos los que están siendo auditados, Tehuacán, Juan C. Bonilla, Amozoc, y la capital, que es donde existieron las denuncias.
En entrevista luego de que Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) y la Asociación Civil CADEAM, firmaron un convenio de colaboración para difundir e impulsar el sexto concurso Puebla App Innovation, señaló además que la multa a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por no entregar información, fue superior a los ocho mil pesos.
Cuestionado sobre el tema del Ayuntamiento de Puebla, explicó que ya concluyó la revisión preventiva, ahora se da paso a la fiscalización que conforme a la ley.
La revisión preventiva cumplió su función para conocer cuál era el desempeño parcial del Ayuntamiento y forma parte del proceso de fiscalización 2019.
#Ahora 💡 El auditor Francisco Romero, asegura que la institución no actúa por sospecha, e indicó que la auditoría al ayuntamiento de la capital iniciará al haber concluido la revisión preventiva.
— Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) February 10, 2020
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Señaló que el nuevo contralor del ayuntamiento de la capital dijo que con la revisión preventiva el siguiente paso es la petición de la cuenta pública, y después el planteamiento de un dictamen para su revisión y en su caso aprobación.
Comentó que el hecho de que haya concluido la revisión preventiva, no significa que se haya aprobado la cuenta, y hay errores de apreciación, y en el mismo caso se encontraría la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla donde no se pudo hace la primera revisión, y ahora lo que procede es la petición de la documentación para la revisión de la cuenta pública.
Explicó que para la casa de estudios se emite un requerimiento de información para la revisión de la cuenta pública.
“Se trató de un proceso extraordinario, y la interpretación de la casa de estudios se tomó como inconstitucional, pero cerramos la auditoria preventiva y dimos paso a un procedimiento normal en ese sentido, ya que en todos los años en los que ha estado el órgano fiscalizador, siempre se ha seguido el mismo proceso”.