La iniciativa del ejecutivo del estado para reformar el artículo 190 bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue devuelta a comisiones al considerar que no hubo una argumentación concreta para sancionar a los conductores de grúas, así como los propietarios de grúas.

Durante la sesión ordinaria con 17 votos a favor, 14 en contra, y una abstención, se devolvió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso del Estado, aprobó la reforma enviada por el gobernador Miguel Barbosa para castigar hasta con seis años de prisión a quienes cometan la piratería en el transporte público de pasajeros, de arrastre y salvamento (grúas), además se les retirará la licencia, y la unidad será decomisada.

La reforma de artículo 190 bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, forma parte del paquete de acciones del ejecutivo Estatal para el mejoramiento del servicio de transporte urbano, a fin de mejorar el parque vehicular, además de garantizar la seguridad de los usuarios.

El texto señala “Al que a sabiendas de que no cuenta con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente preste el servicio público de transporte o del servicio mercantil, de arrastre y salvamento, se le impondrán de ocho meses a seis años de prisión y multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización, que va de los 8,860 pesos a los 43,440. Igual sanción se impondrá al propietario del medio de transporte que realice, contrate o permita la prestación de estos servicios.”

Además de lo anterior, en su caso, se realizará la cancelación de la licencia de manejo hasta por cinco años, y/o la cancelación definitiva del tarjetón de chofer, así como el decomiso del vehículo utilizado.”

Asimismo “Si el delito es cometido o interviene en él de cualquier forma el representante, socio o líder de una persona jurídica colectiva concesionaria o permisionaria del servicio de transporte público, de arrastre, las penas se aumentarán de una a dos terceras partes de las que le correspondan por el delito de que se trate; además, se impondrá la revocación o cancelación de las concesiones, permisos y autorizaciones que para prestar dicho servicio hayan sido otorgados por la autoridad estatal, en si la pena para ellos podría ser hasta de 10 años de prisión.

Sin embargo la coordinadora de los diputados de Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vechia, advirtió que no existía la argumentación en lo referente al servicio de arrastre, así como en el caso de los corralones.

La argumentación que presentó el gobernador Miguel Barbosa, señala que a la fecha se han reportado múltiples robos en el transporte público, siendo considerada Puebla, junto con cinco entidades más del país, como una de las que registra el mayor número de casos al respecto, de acuerdo a un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, cuyos investigadores  advirtieron que este delito daña a la sociedad, el patrimonio y la dignidad de las personas que diariamente hacen uso del transporte público.

En el documento precisa que en la entidad, algunas formas de transporte público llevan a cabo sus actividades sin contar con las autorizaciones correspondientes, por tanto, una de las mayores problemáticas que se pueden observar es que los camiones, microbuses, taxis y demás vehículos relacionados con el transporte público carecen de placas o las portan de otro estado, situación que se vuelve un factor de riesgo para la ciudadanía.