Ante la constante violencia en contra de los menores desde los hogares, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, propuso retirar a los padres la patria potestad así como perder el derecho a la convivencia con los hijos en caso de incurrir en “violencia familiar reiterada”.
Asimismo, los diputados locales han aprobado reformas legales para que los ayuntamientos puedan intervenir cuando se conozcan casos de maltrato hacia menores.
García Olmedo explicó que las agresiones físicas y verbales en contra de los menores de edad se está convirtiendo en una situación alarmante por lo que es necesario protegerlos a través de una reforma a los artículos 627 y 637 del Código Civil de Puebla.
Refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de los niños, niñas y mujeres en México, realizada en 2015, un 63 por ciento de las niñas y niños entre uno y 14 años experimentaron al menos una forma de disciplina violenta, destacando que las prácticas más comunes suelen ser agresiones psicológicas, seguidas por castigos físicos y, en último lugar castigos físicos severos.
Subrayó que los castigos físicos severos fueron experimentados por al menos 6 por ciento de las niñas y niños del país y, finalmente, exponen que con respecto a la edad, las niñas y niños entre los 3 y 9 años suelen ser los más afectados por las agresiones psicológicas o por cualquier otro tipo de castigo físico.
Expresó que la violencia familiar afecta el correcto desarrollo de los hijos y es una obligación de las autoridades vigilar que no sufran ningún tipo de agresión por parte de sus progenitores, sobre todo durante un proceso de divorcio.
“Esto deberá ser considerado, cuando haya juicios de determinación de patria potestad, como un elemento para la pérdida de la patria potestad del cónyuge que cometa violencia familiar reiterada”.
García Olmedo destacó que el retiro de la patria potestad así como la pérdida del derecho a la convivencia con los hijos aplicará a los cónyuges una vez que exista una sentencia firme por parte de un juez y no solo por el señalamiento de alguno de los involucrados.
Aprobadas reformas
En tanto la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez del Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas y adiciones al artículo 2 y 11 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.
El objetivo de las reformas a la Ley es establecer que las autoridades estatales y municipales atiendan y sancionen el abuso, desatención, maltrato y violencia física, psicológica o sexual o de cualquier tipo generada contra niñas, niños y adolescentes.
Las reformas y adiciones también estipulan que es obligación de toda persona o autoridad que detecte o tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran violación a sus derechos, o que identifique una situación de riesgo o maltrato a que haga de conocimiento inmediato a las autoridades para que se siga la investigación correspondiente.
Durante el análisis y discusión de esta Iniciativa, la diputada Mónica Lara Chávez señaló que se contribuye a sensibilizar a la sociedad para evitar el maltrato infantil y hacer saber que a los niños no se les debe tratar a golpes.
Por su parte, la diputada Nancy Jiménez Morales subrayó que es responsabilidad de todas y todos combatir el maltrato y el abuso infantil, por lo que la sociedad no puede ser ajeno al maltrato o abuso hacia las niñas, niños y adolescentes. La legisladora refrendó su compromiso para trabajar en la generación de un cambio de conciencia colectiva, que permita erradicar este problema que lastima a la sociedad.
En su intervención, la diputada Guadalupe Esquitín Lastiri avaló la Iniciativa que pretende proteger a las niñas, niños y adolescentes de la entidad; no obstante, solicitó que las reformas se apliquen al artículo 62, con la finalidad de que la legislación no modifique la esencia de la estructura de la Ley.
De igual manera, la diputada Tonantzin Fernández Díaz, expresó la importancia de las adecuaciones a la Ley para evitar la violencia en contra de la niñez poblana y avaló las reformas propuestas por la diputada Guadalupe Esquitín.