La diputada Tonantzin Fernández Díaz presentó una Iniciativa para adicionar el artículo 20 Bis a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), así como adicionar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con lo cual las oficinas del Ministerio Público, tendrán cámaras de vigilancia para evitar actos de corrupción, ante las quejas que hay contra el personal de la FGE.
La legisladora explicó que el propósito de la Iniciativa es permitir la colocación de cámaras en las oficinas de los ministerios públicos, a fin de procurar que los procesos no sean violatorios a los derechos humanos, así como evitar que estas instancias, lejos de ayudar, se conviertan en un lugar de martirio para las víctimas del delito, cuidando siempre el sigilo de las investigaciones.
Refirió que es necesario combatir la corrupción en los ministerios públicos, garantizando que los procesos sean llevados con transparencia, salvaguardando siempre los derechos humanos de los ciudadanos.
La Iniciativa ya fue turnada a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos, para su estudio y resolución procedente.
En su argumentación señala que en el Estado de Puebla, el porcentaje de la población que percibe a los Ministerios Púbicos y procuradurías como corruptas, es el 66.3 por ciento, colocando al estado como el sexto nivel más alto de las 32 entidades del país, esto según el Monitoreo de Indicadores de Desarrollo (MIDE), mismo que retomó datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Asimismo las cifras más recientes del año 2017, reflejan a través de datos del MIDE que, en Puebla el porcentaje de delitos no denunciados se estima es del 94.9 por ciento, evidenciando que es el tercero más alto en el país.
Dijo que lo anterior, merma completamente en la procuración e impartición de justicia en el Estado. Asimismo, se estima que, en Puebla 6 de cada 10 poblanos, consideró que los jueces son corruptos, es decir, el 64.2 por ciento de los habitantes del estado de Puebla, tienen esa percepción.
Otro dato dado a conocer por la legisladora indica que hasta el mes de enero del presente año, la Fiscalía General del Estado de Puebla, inició al menos 40 investigaciones por el delito de corrupción en contra de servidores públicos de la dependencia, entre ellos, resaltan agentes del Ministerio Público, así como agentes de la Policía Ministerial.
Señaló que aunado a ello, la falta de capacitación de los agentes del Ministerio Público, fallas en la aplicación de la norma, personal que no ejerce de manera correcta su trabajo y no lee expedientes de un caso y evidentes actos de corrupción, lacera fuertemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones del estado, así como la procuración de justicia.
Insistió que ante la grave problemática en materia de procuración y administración de justicia en el país, es urgente implementar nuevas formas y procesos de carácter restaurativos, en donde sea imprescindible la pronta respuesta al delito, buscando en lo posible la reparación del daño sufrido por la víctima.
Sostuvo que la presente iniciativa, tiene como objetivo principal generar confianza a los ciudadanos, quienes son los que enfrentan y presentan denuncias, además de proteger sus derechos humanos en todo momento en estas instancias que han sido corrompidas y lo siguen siendo. Además, en esta redacción se propone la vigilancia permanente del trabajo que desempeñan los Ministerios Públicos, a fin de evitar las violaciones a Derechos Humanos, combatiendo de manera contundente los actos de corrupción, garantizando un trato digno en las instituciones de procuración de justicia.
Precisó que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, establece las facultades del Ministerio Público, como velar por el respeto de los derechos humanos de todas las personas, reconocidos en la Constitución General, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado mexicano y la Constitución del Estado, en la esfera de su competencia.
Además está el informar a la víctima u ofendido del delito, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que en su favor reconoce la Constitución General, la Constitución del Estado, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y las demás disposiciones jurídicas aplicables, además de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización.
Texto de la iniciativa
ARTÍCULO 13.- …
I a XV.- …
XVI.- Revisar y monitorear permanentemente, a través de cámaras de video el actuar del Ministerio Público para garantizar que no se vulneren ni se violen, sino más bien se garanticen y protejan los Derechos Humanos de las y los ciudadanos.