El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso del Estado una iniciativa para erradicar a los auditores externos que se convierten en cómplices de los actos de corrupción que se cometen, al aprobarse la reforma, los despachos, o el profesional de la fiscalización, en caso de una irregularidad, será sancionado.
La iniciativa, que se encuentra en la Comisión Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, indica que la Auditoría Superior podrá imponer a profesionales independientes, Auditores Externos, personas físicas o jurídicas e instituciones públicas o privadas, diversas sanciones, entre ellas la inhabilitación.
En la argumentación se señala que la Auditoría Superior del Estado entre sus atribuciones, se encuentra la de fiscalizar los ingresos, egresos, control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos de los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, organismos autónomos y los demás señalados en la normativa aplicable.
Precisa que actualmente la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas en el Estado requiere de un fortalecimiento a su diseño, a efecto de que la corrupción no se establezca como un estilo de vida, lo que implica redefinir la actuación de todos los actores involucrados en la fiscalización superior.
El ejecutivo señala que comprometidos con mejorar la calidad y efectividad de la fiscalización, es preciso dotar de atribuciones nuevas de fiscalización e investigación, con el objetivo de lograr un mayor impacto en los esquemas de rendición de cuentas sobre el uso y destino de los recursos públicos, así como implementar nuevos procedimientos y herramientas de auditoría, que permitan obtener resultados que generen mayor confianza de los ciudadanos hacia los servidores públicos legitimando su actuar.
El objetivo de esta reforma es fortalecer el análisis de la cuenta pública, realizando acciones legislativas encaminadas a la optimización y fortalecimiento a la actividad fiscalizadora, la formulación de observaciones, rendir informes y sobre todo, que cada sujeto a revisión cuente con profesionales técnicamente capacitados cuya información contribuya, sustancialmente, a abatir la comisión de irregularidades y propicie un ambiente de control que desincentive actos ilegales.
Precisa que las auditorías, como procesos de obtención y examen de transparencia y veracidad de los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios de los sujetos a revisión, requieren de profesionales potencialmente calificados, con las habilidades técnicas necesarias para que la rendición de cuentas, fiscalización y transparencia cumpla con los tres ejes principales: prevenir y corregir los abusos del poder, obligar al poder a someterse al escrutinio ciudadano y forzarlo a explicar sus actos y someterlo a sanciones, y con ello, sirva realmente como pilar del combate a la corrupción.
Asimismo se reconoce y ratifica la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.
“La consolidación de los procesos de rendición de cuentas nos permite realizar funciones de vigilancia, auditoría, fiscalización y penalización con el objetivo de limitar y controlar el ejercicio del poder, y con ello, se fortalece la confianza que la sociedad ha depositado en las instituciones”, señala el documento.
En el artículo 33 se advierte de la responsabilidad compartida “Los profesionistas independientes, Auditores Externos, personas físicas o jurídicas; instituciones públicas o privadas serán responsables de los daños y/o perjuicios que se ocasionen, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran”.
