El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, renovó el decreto para asumir el control de la seguridad pública en Puebla, “hasta que se reestablezca el orden público”, y es que en la capital operan presuntos grupos delincuenciales dedicados a la venta de drogas, robos en sus diferentes modalidades, prostitución, cobro de piso, por mencionar algunos delitos.
El documento publicado y que entró en vigor el jueves 25 de marzo cita que hay agrupaciones delincuenciales vinculados con los grandes grupos de la criminalidad organizada, como los remanentes del Cártel de los Zetas y la Familia Michoacana, del Cártel de Los Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación (CJNG), estos últimos que cuentan con células criminales en la capital, además de Palmar de Bravo, Cañada Morelos, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan.
“Los cuerpos de Seguridad Pública del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, acatarán las órdenes que el gobernador constitucional les transmita, por sí o por conducto de quien designe para tal efecto”, se cita en el decreto publicado y que entró en vigor.
En Puebla capital se comete el 45 por ciento de los delitos a nivel estatal, al ser una de las demarcaciones con mayor número de habitantes, en este contexto el decreto especifica que también habrá evaluaciones constantes al personal con el objetivo de hacer depuraciones para garantizar que sea personal calificado quienes estén dentro de la corporación.
“Antes del término del mismo a todo el personal que no cuente con sus certificados policiales vigentes, haya aprobado los controles de confianza o haya sido sancionado por falta grave en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. De no hacerlo, incurrirán en las responsabilidades que establece la ley, que les serán exigibles según su naturaleza administrativa y/o penal".
El decreto señala que “se ordena a la Secretaría de Seguridad Pública del estado continuar apoyando en el ámbito de coordinación de la seguridad que le corresponde para cumplir con la obligación constitucional de darle seguridad a la ciudadanía, y genere una actualización de la planeación para la seguridad del municipio de Puebla, que implique el uso coordinado de los recursos del estado y el municipio. De forma trimestral deberá informar los avances y estado de la implementación del presente decreto en el ámbito de su competencia".