Fue detenido y vinculado a proceso el poblano Juan Manuel López Arroyo, ex delegado de la Sedatu, tras una investigación por la llamada "Estafa Maestra".
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), se obtuvo vinculación a proceso en contra de estas dos personas, por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Cabe destacar que seguirá su proceso en libertad, aunque con la prohibición de salir del país sin autorización y la obligación de presentarse mensualmente a firmar que no se han evadido.
Se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
"El juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, vinculó a Juan Manuel “L”, exservidor público, y Noé “M”, funcionario de una Universidad en el Estado de México, dio a conocer la dependencia.
El 5 de agosto de 2019, el ex delegado de la Secretaría de Desarrollo urbano, Territorial y Urbano (Sedatu), Juan Manuel López Arroyo, aseguró sentirse tranquilo sobre las investigaciones sobre la llamada Estafa Maestra, en la que participó Rosario Robles.
Aseveró que los movimientos solo son aplicables a la oficina central de la ahora aquella dependencia.
“Todos fueron convenios con universidades, pero ninguno en Puebla, hasta donde tengo entendido. En el tiempo que estuve no hubo ningún convenio que implicará recursos”, aseveró.
¿Hay tranquilidad, no hay ningún problema en Puebla?
—No, en Puebla no, como comentaba son decisiones de oficinas centrales que no implicaban a las delegaciones.
La llamada Estafa Maestra se comprobó mediante una investigación periodística hecha por el portal de noticias "Animal Político", en asociación con "Mexicanos contra la corrupción y la impunidad".
En 2017, fue descubierto un sistema ilegal de manejo de recursos a través de 128 empresas fantasma por las que circularon más de 400 millones de dólares.
En esta red estuvieron vinculadas 11 dependencias, ocho universidades públicas, empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos órdenes de gobierno.
