"Los fondos de la Fundación Mary Street Jenkins en Bermudas y Panamá ¿son legales?", cuestionó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al mismo tiempo de instar a académicos universitarios a no ser cómplices del ex rector Luis Ernesto Derbez Bautista.
Durante su videoconferencia de prensa, el mandatario estatal hizo un llamado a los académicos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a que no se conviertan en cómplices del ex rector.
Asimismo reprochó que en el pasado, cuando inició el saqueo a la Fundación Mary Street Jenkins, no hubieran publicado desplegados como el que dieron a conocer hace unos días a favor del ex patronato de dicha Fundación.
El gobernador señaló que la intervención de su administración en el conflicto se debe a un mandato legal y constitucional.
“La obligación de una autoridad es leer y hacer cumplir la Constitución general de la República, la particular del estado y las leyes que ambas emanen, intervenir en asuntos de legalidad, ¿está clarito, no?”, dijo.
“Pues mira, no doy opinión porque ni lo he leído, ahí que lo resuelvan ellos, no lo he leído (…) Les pido también ellos (los académicos), que reconozcan, que revisen si lo que hubo, no en la Universidad de las Américas sino en la Fundación Mary Street Jenkins, era legal o no”, añadió.
“Porqué hoy los fondos de la fundación están en Panamá y en Bermudas, ¿es legal o no?, pues a ver académicos: ustedes no son cómplices de Ernesto Derbez, de verdad, no voy a opinar porque no conozco el desplegado”, señaló.
“Yo lo que deseo es una salida negociada y legal, legal, legal, legal, siempre legal, por lo que para el gobierno este un tema de legalidad o qué, ¿es otro tema dentro de que todos lo sabían y nadie opinó nada?, fue en el año 2013, 2014 2015 hace 6, 8 o 9 años, ¿y cuando (se) sacó un desplegado para que no se saqueara a la universidad?, silencio, la moral del silencio, nadie dice nada, todos callados”, resaltó.
El pasado lunes se dio a conocer un desplegado firmado por docentes e investigadores de la Udlap, en el que, entre otras cosas, reclamaron la intervención policiaca del gobierno estatal, en el litigio que libran los herederos de William O’ Jenkins.
El desfalco multimillonario supuestamente se llevó a cabo mediante una donación simulada en favor de Fundación Bienestar de Filantropía, institución controlada por los Jenkins de Landa.
Posteriormente realizarían presuntamente diversas operaciones de lavado de dinero que ocurrieron en los estados de Puebla, Aguascalientes y se prolongaron a los paraísos fiscales de Barbados y Panamá.
La familia Jenkins de Landa pretendió ser beneficiaria de los bienes que pertenecían a la Fundación Mary Street Jenkins, sin embargo, los mismos han sido asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR).
