La presidenta de la Comisión de Gobernación Vianey García Romero advirtió que el trabajo de los legisladores actuales concluye el 14 de septiembre por lo que la labor en comisiones debe mantenerse, e indicó que en la sesión de su comisión, se presentaría la iniciativa para facultar a la Comisión de Derechos Humanos para que cite a comparecer a los funcionarios públicos que no cumplan con las recomendaciones.
En conferencia de prensa la legisladora dijo que se hizo un llamado a los integrantes de la comisión que no asistieron a la sesión virtual para que se reprogramen las fechas y poder sesionar en dos ocasiones más.
Explicó que en la sesión programada para el 18 de agosto se iba a presentar una reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos para llamar a comparecer a funcionario, cuando no se cumplan con las recomendaciones.
La iniciativa de decreto reforma el tercer párrafo del artículo 142 de la Constitución Política del Estado, en materia de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla o, en su caso, que respondan por qué no se acatan estas disposiciones ante el Poder Legislativo.
La iniciativa de reforma propone reconocer la obligación de toda persona del servicio público de responder las recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos del Estado y cuando estas no sean aceptadas o cumplidas estos deberán fundarla razón de su rechazo, facultado al Congreso del Estado para llamar a la autoridad en cuestión a comparecer a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente desde el pasado 21 de junio.
Además de otra Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que presentó el diputado Emilio Maurer Espinosa a fin de establecer dentro de las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos, a través de la o el presidente de este órgano, la posibilidad de solicitar al Congreso del Estado llamar a comparecer a las autoridades o personas servidoras públicas responsables, para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la institución, facultándola para denunciar ante la autoridad competente a las y los servidores públicos que persistan en no aceptar o cumplir con esta.