En el Periódico Oficial del Estado (POE) quedaron publicadas 22 Leyes de Ingresos municipales para el Ejercicio Fiscal 2022, en la lista se ubican 18 que incluyen el cobro por el Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Fue la semana pasada cuando diputados locales avalaron las leyes de ingresos municipales, para el caso de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, legisladores locales no aprobaron el cobro de este derecho.

De acuerdo a lo que marcan los ordenamientos legales, esta misma semana deben quedar publicadas las Leyes de Ingresos de los municipios, pues entran en vigor a partir del 1 de enero del 2022.

De los municipios que no solicitaron el cobro del DAP se ubican Huauchinango, San Pedro Cholula, Tecamachalco y Puebla; mientras que los que si incluyen este Derecho son: Acatlán, Tehuacán, Tecali de Herrera, Atlixco, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Chalchicomula de Sesma, Xicotepec, Zacatlán, Zacapoaxtla, Izúcar de Matamoros, Chiautla, Libres, Tlatlauquitepec, Teziutlán, Chignahuapan, Huejotzingo y Tetela de Ocampo.

¿Cuánto pagaran los ciudadanos en donde se incluyó el DAP?

De acuerdo a lo que aprobaron las y los diputados, por petición de los cabildos, se aplicará un estimulo fiscal para que los hogares paguen el mismo porcentaje que han venido pagando por varios años, es decir el 6.5 por ciento mensual.

"Durante el ejercicio fiscal 2022, los contribuyentes de los Derechos por Servicios de Alumbrado Público, gozarán de un estímulo fiscal respecto de la cuota establecida en el artículo 38 de esta Ley, de conformidad con lo siguiente: Para los contribuyentes que tengan celebrado contrato con la empresa u organismo prestador del servicio de energía eléctrica, se aplicará una reducción de acuerdo con la tasa que resulte de aplicar la siguiente fórmula", señala en los ordenamientos que serán aplicados a partir del primer día de enero.

Por varios años el DAP se ha cobrado en los municipios, pero esto se aplicaba por convenios ilegales que firmaban los ayuntamientos con la Comisión Federal de Electricidad, ahora los municipios a los que no se les aprobó el cobro de este derecho, pues no es un impuesto, no podrán hacer convenios con la paraestatal.