Al cumplirse 115 años de la matanza de obreros en Rio Blanco, Veracruz, mismos que defendían sus derechos laborales, y que años después daría origen a la Revolución Mexicana, en Puebla aún quedan pendientes por resolverse 20 mil juicios laborales del anterior sistema legal que dejó de estar en operación hace 2 meses, por lo que las juntas de conciliación deberán atenderlos.

De acuerdo con la información dada a conocer, hay miles de expedientes rezagados, algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad, luego de que no se ha podido conciliar y, en algunos casos, el demandante incluso falleció.

Una de las principales modificaciones de la reforma era la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje que dejaron de ser funcionales, sin embargo éstas continúan operando hasta que terminen el trabajo que tienen pendiente.

En la argumentación se señaló que las juntas tenían una tendencia para proteger los derechos de los trabajadores mediante la conciliación, sin embargo se volvieron un grupo cerrado de abogados donde ellos las manejaban.

La nueva legislación

El pasado 3 de noviembre entró en funciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, que sustituyó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El documento de la creación es para dar cumplimiento al proceso de armonización con la legislación federal y forma parte de la implementación de la Reforma Constitucional en materia laboral, promulgada hace dos años.

Huberto Roblero Godínez, quien es el primer Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, comunicó que el referido Organismo Público Descentralizado de referencia cuenta con los elementos operativos, en cuanto a establecimiento de cedes, equipamiento material, equipamiento tecnológico y recurso humano necesario para iniciar laborales una vez que fue emitida la declaratoria por parte de la Legislatura Local.

Al entrar en operación se tuvieron que realizar las siguientes acciones:

El objetivo del Centro de Conciliación Laboral es prestar servicio público y gratuito para que, con base al diálogo, surja un acuerdo entre las partes involucradas en un conflicto laboral, sin necesidad de llegar a un juicio.

Con la reforma a la legislación laboral este será un procedimiento que obligatoriamente deberá agotarse antes de presentar una demanda para exigir el cumplimiento de los derechos laborales.

Según se informó que para garantizar la independencia y eficacia del Centro de Conciliación, este contará con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, además de un servicio de carrera para brindar seguridad a los conciliadores en su labor, como de contar con experiencia y capacidad en el desarrollo de sus funciones.

La iniciativa propone una reforma de fondo al derecho procesal del trabajo a partir de que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial del Estado; asimismo, replantea la función conciliatoria, de manera que constituya una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir, medida con la cual los nuevos órganos de impartición de justicia se concentrarán en las tareas jurisdiccionales, propias de su nueva responsabilidad.

Esta función conciliatoria estará a cargo del Centro de Conciliación especializado e imparcial, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de que contará con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, mismo que será organismo descentralizado.