Debido a que la administración de Claudia Rivera Vivanco no solventó 88.1 por ciento de las más de 2 mil observaciones en el proceso de entrega-recepción, el Cabildo aprobó enviar el resultado a la Auditoria Superior del Estado (ASE).

Durante la sesión extraordinaria de Cabildo, la Secretaria General Silvia Tanús Osorio leyó uno a uno de los anexos, tanto los 249 comprobados como lo que no logró comprobar la alcaldesa anterior del periodo 2018-2021.

Luego de la votación, con 19 a favor, cinco en contra de los regidores de Morena y la abstención de Leobardo Rodríguez, la Síndica Guadalupe Arrubarena reveló que regidores de la coalición Juntos Haremos Historia viciaron su posición y su voto por participar en una conferencia de prensa con la comisión saliente, rompiendo sus principios, además de que incurrirían en un conflicto de intereses partidistas.

Foto: Cortesía
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“Están impedidos para emitir opinión, no es válida ni legítima para la toma de decisiones en el cuerpo colegiado. Los deslegitima para defender este punto. Esto es delicado, la ley de entrega-recepción dice que los regidores somos ajenos, ya no es como era antes; usurparon una función que no les compete”.

Ley mordaza

En ese marco, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, informó a los regidores morenistas y de Juntos Haremos Historia del conflicto de intereses establecido en el artículo 76, que derivará en consecuencias.

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Bajo esa perspectiva, el regidor petista, Ángel Rivera Ortega dijo que era una ley mordaza y una amenaza para no participar.

Pero el alcalde reviró al asegurar que no existe ninguna ley mordaza porque Rivera Ortega estaba haciendo uso de la palabra, sin problemas.

“Es muy fácil poner pretextos y argumentos políticos o descalificaciones como las que han escuchado en lugar de hacerse responsables de sus actos, que la ley y la ciudadanía juzgue”.

Más de 6 mil millones de pesos

Conforme a los datos, la celebración total fue de cuatro mil 345 millones 307 mil 790 pesos, pero la comisión saliente no realizó la entrega a la comisión entrante de la documentación para justificar el referente a la correcta planeación, presupuestación, licitación y adjudicaciones de los estados administrativos, por ese motivo no existen documentación de aprobación o de justificación de gasto referente a bienes y servicios por ese gasto superior a los 4 mil millones de pesos.

Además, tampoco existen documentos para comprobar gastos sobre 2 mil 112 millones 725 mil 934 pesos de obras públicas.

Bajo esa perspectiva Tanús Osorio, indicó que “no existen documentos de comprobación de gasto sobre dos mil 112 millones 725 mil 934 pesos”.