El diputado y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López, presentó en sesión permanente del poder legislativo la iniciativa por la cual se reforman diversas disposiciones de la ley de ejecución de medidas cautelares y sanciones penales para el estado de Puebla en materia de reinserción social con perspectiva de género.
"Estamos condenando a más de 800 mujeres que se encuentran en los centros penitenciarios de nuestro Estado a vivir en la marginación y vulnerabilidad, toda vez que no tienen la garantía de poder mejorar su calidad de vida cuando recuperen su libertad", reiteró.
La iniciativa tiene por finalidad apoyar a las mujeres para poder mejorar su calidad de vida con la intención de obtener un empleo y dejando a un lado la discriminación de la cual son víctima la mayoría de egresadas de un penal.
El también diputado por el distrito 23, refirió: "Quiero expresar que está iniciativa es de vital importancia para la sociedad poblana porque representa un avance en materia de reinserción social, sobre todo para las mujeres que se encuentran en los centros penitenciarios, toda vez que estas mujeres, al recuperar su libertad, se enfrentan al rechazo social y la falta de conocimientos para obtener un trabajo, lo que dificulta su desarrollo y reintegración a la sociedad".
Castillo López aclaro que está iniciativa busca fortalecer los esfuerzos para la implementación de medidas adecuadas para la capacitación y reinserción laboral por medio de convenios y políticas que ayuden a las reclusas a tener mayor probabilidad de ser contratadas, una vez que hayan salido de prisión.
Destaca el caso de que, al cierre del año 2020, habían egresado 196 mujeres de los centros penitenciarios, y muchas de ellas no contaban con las habilidades, conocimientos y redes de apoyo para conseguir un empleo.
Esta situación se ve reflejada en los testimonios de mujeres egresadas del Cereso de San Miguel, pues ellas han manifestado que tenían acceso a un número limitado de talleres, en los que aprendían como hacer cubre bocas o pinzas para colgar ropa, actividades que no les resultaron lucrativas, además de que refuerzan estereotipos y roles de género.
Como resultado, muchas tienen que recurrir a empleos mal remunerados y en condiciones insalubres, pues en los empleos formales suelen sufrir discriminación por sus antecedentes, y no cuentan con los conocimientos y recursos económicos para iniciar negocios.
Por eso la iniciativa prioriza implementar la perspectiva de género en los servicios de educación y capacitación para el trabajo e incluso va más allá, ya que se pretende que las mujeres que salgan de un centro penitenciario y que no cuenten con los recursos para obtener una vivienda digna, puedan acceder a un albergue o programa especializado de asistencia social.
"Debemos reconocer que somos seres humanos, debemos solidarizarnos con los grupos vulnerables y con las mujeres de nuestro Estado, debemos buscar los mejores condiciones de vida para todos los grupos de la sociedad", destacó.
