El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso del Estado, Eduardo Castillo López, advirtió que, con la sentencia condenatoria de 7 años de prisión de Eukid "N", la Fiscalía General del Estado (FGE) está demostrando que ha dejado de ser “tapadera” de malos manejos en la procuración de justicia.
El legislador aclaró que la penalidad va de acuerdo a lo que establece el Código Penal del Estado de Puebla, y el problema era que antes se llegaban a acuerdos fuera del marco legal y los presuntos responsables ni siquiera llegaban a pisar la cárcel, y se evadía el proceso.
Castillo López destacó que ahora la figura de la FGE se ha reformado al dejar atrás aquellos vínculos de compadrazgos que ponían en práctica gobiernos pasados.
“El tema de los cochupos terminaron, hoy en día tenemos un estado bien resguardado conforme a derecho, se respeta la procuración de justicia, la FGE la ha ejercido con orden y respeto”.
Avaló el actuar e imagen de la Fiscalía no solo ha mejorado al cumplir órdenes de aprehensión dirigidas a personajes como Eukid "N", sino también por lograr la detención de quienes son responsables de delitos como el relacionado con la madre buscadora Esmeralda Gallardo.
Castillo López indicó que se está realizando un trabajo en Puebla para enfrentar la delincuencia, y en el caso del Congreso del estado se están dando los elementos mediante el la reforma al poder judicial.
Casos pendientes
Además de la denuncia por extorsión por la que ya fue sentenciado el exdiputado federal y principal operador del morenovallismo, hay más denuncias en su contra por enriquecimiento inexplicable.
Tras darse a conocer la detención del exdiputado local y federal por el presunto delito de extorsión, en 2015 se reveló que el principal operador del morenovallismo uso mujeres campesinas como prestanombres para obtener contratos millonarios, como se dio a conocer con los documentos filtrados por la plataforma Méxicoleaks, para ser el principal beneficiario.
En 2015 a través de la plataforma Méxicoleaks se dieron a conocer una serie de documentos donde se presumía el tráfico de influencias de colaboradores y familiares políticos del gobernador Rafael Moreno Valle.
Una de las facturas estaba relacionada con una de las empresas que fueron señaladas en la revista Proceso en 20165 “Scientia” emitida en el año 2014 y dedicada al rubro de la consultoría.
La empresa es una firma especializada en brindar consultorías y cursos de capacitación y entre 2013 y 2015 obtuvo contratos de por lo menos 15.6 millones de pesos.
Los nombres que aparecían como dueñas de la firma eran dos indígenas de Nopalucan de la Granja, de acuerdo al acta notarial, ellas eran Socorro Luna Rodríguez, y María Filomena de la Cruz Sánchez, quienes vivían en una humilde vivienda de la junta auxiliar de ese municipio Rincón del Citlaltepetl.