La diputada federal por Puebla, Araceli Celestino Rosas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), dijo que las modificaciones a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza para que se incorpore en el uso de ésta los principios de racionalidad y oportunidad, no son una “Ley Bala” como la que se aprobó en Puebla en 2014.
La legisladora precisó que la iniciativa busca que el uso de la fuerza pública se haga apegada a la legalidad y dignidad de las personas, esto es importante porque pretende que el actuar de las policías sea apegado siempre a la ley, es decir, busca limitar que las instituciones policiacas cometan acciones arbitrarias.
Comentó que en el resolutivo sexto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ordenó al Congreso de la Unión para que en el este periodo ordinario de sesiones se legisle para establecer en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza la finalidad del uso de la fuerza y la sujeción del uso de ésta a los principios de racionalidad y oportunidad.
"Muchas mexicanas y mexicanos han sido testigos de cómo los policías actúan con prepotencia, que detienen sin una orden emitida por un juez o irrumpen de manera ilegal en lugares, sin una justificación como es la comisión de algún delito en flagrancia", refirió.
Sostuvo que esta propuesta busca hacerles frente a estas acciones arbitrarias, que han cometido algunos policías, que quieren actuar con impunidad contra la población.
El concepto de racionalidad, explicó la legisladora por el Distrito 15 en Puebla, significa que se debe valorar el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas de seguridad.
Esto implica, continuó, que según el acto hostil del que se sea objeto será necesaria la aplicación del uso de la fuerza.
Respecto al concepto de oportunidad, Celestino Rosas, comentó que al requerirse hacer uso de la fuerza se debe evitar a toda costa poner en peligro o riesgo la vida de personas ajenas a los hechos.
Indicó que procurarse reducir al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y en general, la afectación de los derechos de las personas.
La finalidad del uso de la fuerza, según la modificación aprobada, será salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz social.
"La definición de estos conceptos pretende garantizar dos principios constitucionales básicos uno es la legalidad y el segundo la seguridad jurídica, ya que limita que las actuaciones de autoridades de seguridad pública sean de forma ilegal", concluyó.