A pesar de considerar un triunfo la aprobación de la Ley “3 de 3”, diputadas federales de “Va por México”, advirtieron que aún falta que el Senado la vote, y que en el Presupuesto 2024 se destinen recursos para su implementación, o quedará como letra muerta.
En conferencia de prensa, la diputada Blanca Alcalá Ruiz señaló que es el momento de frenar la violencia contra las mujeres y acabar con los premios que se otorgaban a quienes cometían violencia de género y se les permitía tener cargos públicos.
Comentó que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue una impulsora de la reforma que ya fue votada por la Cámara de Diputados, y ahora falta que sea el Senado el que la vote.
PAN: Necesario, el presupuesto
En tanto, la panista, Ana Teresa Aranda Orozco dijo que se trata de un triunfo parcial porque viene lo más difícil que es la aplicación, y para ello se requiere que tenga los recursos necesarios.
Recordó cómo el gobierno federal eliminó los recursos para atender a las mujeres que son víctimas de violencia, se cerraron albergues.
Dijo que ahora es Morena y sus aliados quienes tienen esa mayoría para aprobar un presupuesto congruente con la ley.
Por su parte, la coordinadora de los diputados federales del PAN, Carolina Beauregard Martínez, advirtió que 25 diputados del Partido del Trabajo votaron en abstención para la aprobación de la reforma, y ellos son aliados de Morena, lo cual deja serias dudas acerca del compromiso que tienen con la sociedad.
Recordó que la ley contempla sancionar la violencia política, la familiar, sexual, así como a los deudores alimentarios, los cuales no podrán ser candidatos a ningún cargo de elección popular, o desempeñar un cargo público.
Dijo que en México, el 70 por ciento de las mujeres refieren haber sufrido violencia, mientras que el 51 por ciento señalan que han sido víctimas de acoso, hostigamiento, o violación.
Advirtió que de cada diez divorcios que se registran, en siete el padre se convierte en deudor alimentario y se afecta directamente a los hijos.
Enfatizó que no se puede permitir que llegue a cargo público una persona que incumple con el pago de la pensión alimenticia, educación y vestido de sus hijos y evade su responsabilidad cambiando de nombre sus propiedades y ocultando su salario real.
“Para que finalmente haya repercusiones para todos estos hombres que si no procuran el bienestar de sus familias, que es lo que debemos amar y proteger, mucho menos pueden velar por el bienestar del país o la ciudad si ellos son violentadores”.
Beauregard Martínez confió que en la discusión de la iniciativa presentada en Puebla por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, su bancada votará a favor a diferencia de la postura en contra que adoptaron en San Lázaro.
Expresó esta reforma tendrá que ser aprobada antes del mes de septiembre para que pueda ser aplicada en las elecciones concurrente de 2024 y con ello cerrar el paso a los deudores alimentarios y violentadores de género.