Coordinadores de todas las bancadas representadas en el Congreso del Estado, sostuvieron una reunión con la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, para evaluar los alcances de la nueva ley que regirá la vida interna de la máxima casa de estudios.
Durante un desayuno encabezado por la rectora que estuvo acompañada de su equipo más cercano, y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo López, se reconoció que el documento permitirá a la institución tener un despegue de acuerdo a los nuevos tiempos.
Fuentes consultadas, señalaron que se hizo mención de la necesidad de actualizar la legislación de la casa de estudios, una vez que los avances tecnológicos, además de los temas en contra de la discriminación, y violencia apenas eran abordados en la legislación de hace 25 años.
Además, se expuso que se mantendrá el trabajo coordinado e, incluso, una vinculación de los estudiantes con el Poder Legislativo, esto para alumnos de las carreras de derecho, contaduría y diversas áreas que se relacionan con leyes, y la rendición de cuentas.
La aprobación
El pasado 8 de junio el pleno del Congreso del Estado aprobó con 34 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones la nueva Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la cual deberá ser aplicada en un plazo de ocho meses.
La intención de estas modificaciones es aumentar y garantizar los derechos humanos de las personas y la comunidad universitaria, por lo que se hicieron cambios a través de mesas de trabajo desde que se presentó la iniciativa, para poder ampliar las aportaciones.
Los objetivos de la reforma están principalmente enfocados en la armonización de la Ley General de Educación Superior, a través de sus funciones de docencia, investigación, preservación, acrecentamiento y difusión del arte y la cultura.
También se atienden las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y diversos temas que derivan de las orientaciones internacionales, como la igualdad sustantiva, la atención a minorías, el medio ambiente, el respeto a la autonomía de las instituciones de educación superior que gozan de ella por Ley, así como la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, la rendición de cuentas a la sociedad, entre otros.
Antes de su aprobación en el Consejo Universitario, la institución realizó una consulta a la comunidad estudiantil, que contó con la participación de 53 mil 459 personas, mientras que el Congreso local realizó tres mesas de trabajo con la rectora Lilia Cedillo y personal universitario.
