Ante el mandato de una instancia federal para que el Congreso legisle sobre la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Silva Ruiz, anunció que este mes será dictaminada la nueva ley, y se espera que sea aprobada antes de que termine el año.
Entrevistada previo al Foro que se realizó con especialistas en la materia, señaló que un juez de distrito ordenó al Congreso que se legislará en la materia, e indicó que se tendría hasta el siguiente período de sesiones, pero se espera que haya voluntad de los legisladores para que salga este mismo año.
Expresó que es una demanda de las familias para que tengan la seguridad jurídica cuando se da un caso de desaparición.
Recordó que fue el 5 de agosto cuando presentó ante el pleno por la cual se expide la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Puebla, y recordó que el estado es de las entidades con el mayor número de reportes de mujeres desaparecidas.
La legisladora indicó que el documento que presentó al pleno es producto de esfuerzos conjuntos donde participaron colectivos y especialistas, y llamó a los legisladores a recordar cómo se despide la gente por la mañana, esperando el retorno, y algunos no volvieron, y comienza la agonía de incertidumbre en las familias.
Silva Ruiz indicó que la desaparición de personas afecta una infinidad de derechos y pone en riesgo la integridad de la víctima, e incluso pone en riesgo su propia vida además de provocar incertidumbre jurídica, deterioro económico, y daños a la salud física y mental en las familias.
Precisó que en México existe una crisis en desaparición de personas y Puebla es uno de los estados con mayor número de reportes de desaparición de mujeres, pero también niñas, niños y adolescentes.
Explicó que en este tema puede haber varios delitos, como desaparición forzada de personas, secuestro, trata, sustracción de menores entre otros.
Reconoció que gracias a las familias y sociedad civil se ha podido avanzar, y que en todas las investigaciones deba prevalecer siempre la presunción de vida.
Reiteró que la desaparición de personas implica daños legales y económicos a las familias, además de padecer violencia y persecución, e indicó que hay otro tipo de daños como la incertidumbre, entre ellas quién queda con la patria potestad de los menores, qué pasa con las personas con discapacidad, adultos mayores que dependen de la persona desaparecida.