La diputada local sin partido, Erika Patricia Valencia Ávila, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de considerar violencia el negar a una mujer el uso de métodos anticonceptivos, al asegurar que esta practica sigue vigente.

La legisladora expuso que la violencia contra la libertad reproductiva es una de las modalidades a través de la cual se expresa la violencia contra mujeres respecto a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos.

Señaló que algunos ejemplos de esta modalidad de violencia de género se encuentran: Impedir el uso del preservativo u otro método anticonceptivo; que una institución de salud niegue el asesoramiento y/o el acceso a los métodos anticonceptivos; Imponer un método en lugar de elegirlo libremente; obstaculizar información sobre métodos anticonceptivos o planificación familiar.

Explicó que su propuesta al artículo 18 de la citada ley, es considerar como violencia contra la libertad reproductiva cuando la pareja de la mujer se niegue a hacer uso de preservativos o métodos anticonceptivos, o impida a ésta el uso de los mismos; así como negar a mujer, por parte de una institución de salud pública, el asesoramiento y acceso a métodos anticonceptivos, o el omitir informar sobre las alternativas para acceder a la maternidad.

El texto de su iniciativa enviada a la Comisión de Igualdad de Género señala: La violencia contra la libertad reproductiva es toda acción u omisión que limite, vulnere o impida la libertad de las mujeres, para decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y esparcimiento de sus hijas e hijos, el acceso a los métodos anticonceptivos de su elección, o al acceso a una maternidad segura, en caso de que decida optar por un embarazo.

Además, se considerará violencia contra la libertad reproductiva, cuando la pareja de la mujer se niegue a hacer uso de preservativos o métodos anticonceptivos, o impida a ésta el uso de los mismos; así como negar a una mujer, por parte de una institución de salud pública, el asesoramiento y acceso a métodos anticonceptivos, o el omitir informar sobre las alternativas para acceder a la maternidad.

Advirtió que el negarles el uso de los métodos anticonceptivos lleva a embarazos no deseados, pero además de una revictimización ya que posteriormente enfrentan la llamada violencia obstétrica.