La diputada Mónica Silva Ruiz, confirmó que hay pláticas para que en lo que resta de la legislatura se dé la discusión de las iniciativas que presentó para legislar sobre la interrupción legal del embarazo y cumplir con el mandato de la corte.

En entrevista la legisladora y virtual síndica del ayuntamiento de la capital, señaló que su regreso para concluir el período legislativo, es para sacar temas pendientes y se espera que haya consenso para que se aprueben reformas.

Al ser preguntarle de los señalamientos del presidente de la Junta de Gobierno, señaló “Se estuvo platicando sobre las iniciativas que se tienen pendientes, y uno de los grandes temas pendientes es la despenalización del aborto, es una necesidad, que se ponga en la mesa, y los diputados legislen y cumplan con un ordenamiento de la corte".

La legisladora recordó que en el mes de enero presentó una iniciativa para que se reconozca la “Violencia contra los Derechos Reproductivos” una vez que a pesar del amparo que existe para permitir la suspensión legal del embarazo de una manera segura, se pueden cometer acciones que dañen a las mujeres.

Explicó que esta violencia será entendida como “: Toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia”

Recordó que a través del Juicio de Amparo 259/2022, promovido por Grupo de Información en Reproducción Elegida, asociación civil; Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social, asociación civil; y Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, asociación civil se pide se declare la inconstitucionalidad de los artículos 340 –en la parte que penaliza la interrupción del embarazo por un tercero con la autorización de la persona con capacidad para gestar-, 342 y 343, todos del Código Penal para el Estado de Puebla.

Dijo que con esta sentencia emitida el año pasado se arribó a la conclusión de que las asociaciones civiles quejosas cuentan con interés legítimo para reclamar a las autoridades responsables la efectividad del derecho a decidir que corresponde a las personas con capacidad para gestar, en atención a su objeto social y a las acciones que han realizado para defender ese derecho con miras a lograr un ejercicio debido de ese derecho en condiciones de protección y seguridad; y que, por tanto, es necesario que las asociaciones quejosas puedan ejercer la consecución de ese fin constitucionalmente válido sin la obstrucción que representa las normas reclamadas declaradas inconstitucionales.

En diciembre de 2023, la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, dio a conocer que, en cumplimiento a la resolución judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de autonomía reproductiva y objeción de conciencia, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobernación, dará paso a un procedimiento de aborto legal, bajo el esquema de amparo, que permita a las poblanas, en casos específicos, tengan acceso a una atención de salud oportuna e integral, con perspectiva de género y derechos humanos.

Señaló, que con el fin de prevenir, atender, sancionar, y erradicar la violencia de género contra las mujeres, se considera necesario reconocer en nuestro marco normativo, la violencia contra los derechos reproductivos de las mujeres, como ha sido reconocido en otras entidades federativas como lo es la Ciudad de México, y con ello avanzar en las acciones normativas y cumplimiento de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.