Al continuar la consulta denominada “Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial" para analizar el trabajo que han realizado los tribunales locales en materia de impartición de justicia, integrantes del equipo de transición del gobernador electo, Alejandro Armenta, fueron incluidos para que presenten sus opiniones.
El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, señaló que será este martes 23 de julio donde se realizará en Puebla el encuentro.
En rueda de prensa comentó que los diferentes foros de diálogo sobre la reforma al Poder Judicial no solamente han reafirmado la necesidad de transformar el sistema de justicia en nuestro país, sino que han evidenciado que, detrás de la oposición a que los mexicanos puedan tener una justicia pronta, gratuita y expedita, están los intereses políticos, económicos y fácticos de jueces y ministros.
Indicó que entre la gente del equipo de transición que va a participar, está el diputado federal Raymundo Atanacio Luna, así como Claudia Hernández Medina.
Señaló que ha habido coincidencia en los temas torales como: separar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la del Consejo de la Judicatura, evitar que intereses políticos y fácticos elijan a jueces y magistrados y garantizar derechos adquiridos de todos los trabajadores del Poder Judicial.
No obstante, advirtió, existe una oposición que se resiste a seguir el mandato que manifestaron las y los mexicanos el pasado 2 de junio en las urnas para acabar con la corrupción y los privilegios en la impartición de justicia.
Advirtió que en la división de Poderes que establece la Constitución, “el único que no la respeta es el Poder Judicial, un órgano costoso, quien más se queja y que sin ningún rubor invade funciones; se convirtió en Legislador, quieren suplantar de manera abusiva al Poder Legislativo”.
Nacho Mier subrayó que la oposición a la reforma surge cuando entran en conflicto intereses de ministros y jueces que utilizan a los trabajadores “para construir toda una narrativa que lo que pretende es que el Poder Judicial siga dependiendo de intereses fácticos y económicos en este país, esa es la realidad”.
“Para nada están en riesgo ni el trabajo ni los derechos adquiridos para los más de 52 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación”, enfatizó.