Once personas han fallecido en el lapso de un mes en espera del pago de las sentencias de sus laudos, tras el cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), número 33.

Así lo confirmó en entrevista, Araceli Rebollar, abogada laborista e integrante de la resistencia para que no se vaya de Puebla la junta federal, indicó que hay confianza que esta semana haya buenas noticias para que reabran las oficinas.

Indicó que incluso de haber la insistencia de la clausura de las oficinas, tendrán que hacer otras medidas, incluso el cierre de calles.

Recordó que han sido recibidos por personal de la Secretaría de Gobernación de Puebla, con buena respuesta, pero quieren una respuesta concreta y en firme que se queda.

Indicó que gente del gobierno de Puebla ha tenido acercamientos con la Secretaría del Trabajo federal desde la semana pasada, donde se planteó la situación de la permanencia de la junta local federal.

“De entrada reconocen el error de haber cerrado estando pendientes 10 mil juicios”, dijo al señalar que el responsable del área fue premiado al enviarlo a Tlaxcala como presidente.

Indicó que el próximo miércoles tienen una cita en la Segob de Puebla para informarles los avances, al estar analizando desde la Secretaría del Trabajo federa, la situación para solucionarlo.

Dijo que están haciendo la evaluación de los daños, para organizar algunas acciones, como cierre de calles en una protesta. “No lo quisiera manejar así, porque estamos valorando, pero de ser necesario lo vamos a tener que hacer”, dijo.

-¿A un mes del cierre qué afectaciones hay?

-De entrada, el hecho es que se dejaron de pagar juicios que ya estaban para ejecución, luego de que aparte de todo el presidente dejó de dar seguimiento que lo obliga la ley para que se ejecuten los laudos.

“En el caso de los autores, ya han fallecido once personas en este tiempo, eso nos conlleva a seguir presionando porque ahora esa persona ya no recibió su recurso, ahora lo debe hacer el beneficiario”, dijo.

Detalló que muchos casos son prestaciones de seguridad social o pensiones y en otros son despidos injustificados.

Explicó que hay 6 mil 839 expedientes pendientes de dictamen o laudo, en ejecución y amparo, de los cuales una tercera parte o más de 2 mil ya estaban en etapa de ejecución.

“Esos expedientes se dejaron de atender por el presidente, quien nada más llegada de 11 a 2 de la tarde a trabajar, qué tanto se puede avanzar, por eso hay tanto retraso”, dijo.

Finalmente comentó que ya no deben darle vueltas al tema, sobre todo si reconocen que fue un error el cierre, el que se debe resarcir, ante tantos juicios, “que paguen los que se tengan que pagar o se absuelvan lo que se tengan que absolver, pero que se concluyan en Puebla”, dijo finalmente.

Hace más de un mes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, informó que entró en vigor la desaparición.

Por lo tanto, los expedientes que estén en instrucción pasarán a Tlaxcala, mientras que, los que estén en ejecución, laudo, dictamen y amparo pasarán a manos de las Juntas homologas del estado de Oaxaca. Los abogados, señalaron que recurrirán a amparos para evitar perder los casos y poder ganar tiempo para la resolución de sus clientes.