El gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, señaló que ya se reunió con el titular de Soapap, quien le explicó que en estos momentos por la manera en que se hizo el contrato con la empresa Agua de Puebla, el cancelar la concesión costaría a los poblanos ocho mil millones de pesos.
Señaló que se estarían pagando tres veces más de lo que pagó la concesionaria para obtener el contrato, por lo que habrá que analizar detenidamente las condiciones, en tanto exigir que se cumpla con el servicio.
“Implica una sanción por conclusión del contrato, estamos buscando todas las alternativas, lo que queremos es que los ciudadanos tengan agua y en esa responsabilidad constitucional los municipios juegan un papel, nosotros y la federación”.
Recordó que fueron otras administraciones ajenas a Morena las que avalaron los contratos de concesión, entre ellos los de las carreteras, como la de Atlixco o Huauchinango.
Alejandro Armenta consideró que la revisión de los contratos de las concesiones ser dará después de que se apruebe la Reforma al Poder Judicial, y que se hagan los cambios, una vez que hay jueces que han fallado a favor de las empresas privadas.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que impuso al gobierno de Puebla la obligación de pagar más de 640 millones de pesos a una empresa constructora que reclamó la indemnización por una obra de hace tres sexenios.