El diputado por Morena Andrés Villegas Mendoza propuso que los ayuntamientos eleven en un cinco por ciento la aplicación de recursos federales que reciben dentro del llamado Ramo 33, para atender el tema de la seguridad pública.

El legislador explicó que se hizo un exhorto a los titulares de los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla para que destinen al menos el 25% de los recursos federales recibidos del Ramo 33, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), para la atención de las necesidades vinculadas a la seguridad pública, en cumplimiento a los propósitos de los programas con prioridad nacional y estatal en la materia.

Advirtió que es evidente que la inseguridad en la entidad constituye un reto complejo y difícil, sin embargo, es posible combatirla frontalmente con trabajo entusiasta, firmeza de convicciones y altura de ideales, aplicando la estrategia de cero impunidad.

“Es indudable que todos queremos que Puebla progrese, que salga de sus problemas, que se desarrolle, que sea mejor para nosotros, pero sobre todo para nuestros hijos, lo cual requiere que el esfuerzo sea mayor por parte de todos para que esto se logre. ¡Ya es tiempo de que las y los poblanos estén y se sientan seguros!”, dijo.

Precisó que, si bien la ley obliga a los Ayuntamientos a destinar al menos el 20 por ciento de los recursos que reciben del Ramo general 33 con cargo al FORTAMUN para atención de la seguridad pública, al ser un tema prioritario y considerando que el bienestar y desarrollo de los municipios solo es posible en un entorno seguro, resulta necesario destinar un mayor porcentaje de recursos para obtener mejores resultados, redoblando esfuerzos que permitan seguir recuperando la confianza de las y los poblanos y así lograr atender la principal demanda de la ciudadanía: vivir en paz y con seguridad.

Resaltó que la seguridad pública es un tema prioritario que debe ser atendido de manera eficiente y oportuna al ser parte esencial del bienestar de la sociedad, teniendo el Estado la obligación de generar las condiciones que permitan a los ciudadanos realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.