El diputado federal por Puebla, Antonio López Ruiz, precisó que los créditos que se congelarán para derechohabientes del Infonavit, corresponden de 2009 a la fecha, luego de que las administraciones panistas las pasaron de Veces Salario Mínimo, o Unidades de Medida de Actualización (UMA), haciendo impagable la deuda.

Indicó que si una vivienda de interés social tenía un costo de 300 mil pesos, ahora la gente que siguió pagando el crédito debe hasta millón y medio de pesos, debido a los intereses y es una deuda impagable.

Dijo que el gobierno federal detectó dos millones de créditos en esta situación, y se determinó congelarlos, y aclaró que no se extinguen, sólo se detiene el pago de los intereses en tanto se acuerda una renegociación para que mantengan su patrimonio.

López Ruiz señaló que como diputado federal pedirá un informe de cuántos de estos créditos corresponden a Puebla, y ver la manera de orientar a las familias sobre este beneficio.

Aclaró que en los casos anteriores a 2009 donde también habría deudas impagables podría haber un nuevo anuncio.

Señaló que en los últimos seis años se ha aplicado por parte de Infonavit ya con la administración de Morena, una serie de políticas públicas para que la gente tenga la seguridad de su vivienda.

López Ruiz, señaló que otro problema que afecta a los ciudadanos es el encarecimiento de las rentas de vivienda en la parte central de las grandes ciudades es una constante, y Puebla no es la excepción, por ello desde la Cámara de Diputados debe analizarse la reforma para que la gente no se tenga que ir a vivir a la periferia.

Señaló que mientras en la Ciudad de México, la gente para de cuatro a seis horas en el transporte, ya que las viviendas quedan alejadas de los centros de trabajo, en Puebla se comienza a dar el problema, pasando hasta tres horas al día en el transporte.

La iniciativa será para establecer que las rentas no podrán aumentar más allá de la inflación del año transcurrido; dos, establecer un registro digital de los contratos de arrendamiento; tres, establecer una política pública de construcción de vivienda para renta.

Aclaró que habrá una discusión con propietarios, con sindicatos, que no se frene la construcción de vivienda de alquiler, pero que los precios que se pagan sean los justos.