Don Víctor Antonio Carrancá Bourget, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ¿estará enterado de lo que sucede en su dependencia?
¿Alguna vez habrá querido mancharse de pueblo y acudir a las agencias del Ministerio Público para conocer de sus carencias o se habrá entrevistado con algún ciudadano víctima de un delito, para saber cómo es tratado?
La verdad es que no, el procurador se ha preocupado por un nuevo edificio para él y su equipo —traído desde el mismísimo Distrito Federal—, pero no se ha ocupado de atender las delegaciones del Ministerio Público que parecen oficinas de pueblos olvidados, donde los servidores públicos actúan como les conviene.
¿Esto será procuración de justicia?

Visitador que protege a MP chambona
María Leticia del Carmen Paz Mendoza es la agente del Ministerio Público de San Pedro Cholula que se encuentra a cargo del segundo turno, aún no ha sido nombrada como titular de esta agencia, por lo que ocupa un cargo de adjunta, que dice cambiará de un momento a otro; sostiene que sus buenas relaciones la van a llevar a ser promovida, pero una carta llegada a esta columna dice lo contrario.
La Ministerio Público no sólo no cuenta con el conocimiento necesario para la integración de averiguaciones previas, además de ser déspota en su trato con quien tiene la mala suerte de acudir a su turno para presentar una denuncia.
Lo bueno o malo de esta servidora pública es que es la “consentida” del coordinador de Ministerios Públicos de esa zona, Daniel Marcial Navarro, quien se hace el “desentendido” de las quejas que son presentadas en su contra y ha girado instrucciones para que el personal del tercer turno de esa misma agencia limpie los errores de María Leticia del Carmen para que nadie se dé cuenta de sus actos de negligencia, es más, don Daniel ha ordenado que nadie moleste a la Ministerio Público cuando termina el turno, “pobrecita, no la vayan a despertar”.
Para que se eche usted “un trompo a la uña”, le comento que la licenciada Paz Mendoza se dio el lujo de tener esperando durante cinco horas a personal de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI) que esperaban información de un secuestro. Para ser más exactos, los dejó “plantados” y nadie le dijo nada.
¿Es o no consentida?

Enriquecimiento inexplicable de un MP
¿Qué será más grave, una MP déspota, floja y negligente o un MP corrupto?
Usted debe recordar que hace algunas semanas en la ciudad de Tehuacán fue detenido y procesado un elemento de la Policía Ministerial del Estado (PME), a quien sorprendieron cobrando 50 mil pesos para la devolución de un vehículo.
Ese dinero, indica una denuncia anónima, era para el agente del Ministerio Público Amancio Cruz Arboledas, adscrito a la Delegación de Robo de Vehículos, sólo que ese día el funcionario no podía llegar a la cita y mandó a uno de sus subordinados.
Este funcionario público de la noche a la mañana se volvió rico, viste como senador o diputado, luce finísimos relojes, mancuernillas de oro, además de que tiene como propiedad vehículos de las marcas Aspen, Avenger y se acaba de comprar un Altima de lujo, de contado y nadie le pregunta cómo le hizo.
Lo malo de todo esto es que quienes lo protegen se dieron cuenta que “les pica los ojos” porque de estos 50 mil pesos que iba a recibir, y que se salvó de llegar, sólo 20 mil iban a ser repartidos y se iba a quedar con el resto; en otras palabras, “le juega chueco” a sus mismos benefactores.

De DGADAI a MP
Otro que es digno de una investigación por parte de la Contraloría del estado es Manuel Santa María, quien de director de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto fue enviado a la Agencia del Ministerio Público de Homicidios en calidad de encargado y cobra por todo, hasta por ir a saludarlo a su oficina.
Una queja enviada a esta columna indica que el funcionario no ha informado cómo se hizo de caballos pura sangre y de propiedades costosas, seguramente fue con su salario y prestaciones cuando estuvo en la dirección élite.

Juez cuarto de lo Penal, al banquillo
En puerta una queja y denuncia contra el juez de Primera Instancia del Cuarto Juzgado de lo Penal, ya que una familia que le pagó 60 mil pesos para que no sentenciara como culpable a un detenido por homicidio está dispuesta a llegar hasta sus últimas consecuencias, pues a su consanguíneo lo sentenciaron a 25 años por homicidio.
Esta familia asegura que le dieron los 60 mil pesos a su abogado, Óscar Sánchez Martínez, para que se los diera al juez y su abogado dice que éste los recibió y que ignora el porqué del cambio.
Los detalles, en la próxima entrega.
Nos vemos cuando nos veamos.